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El PSOE de Albaida del Aljarafe está bajo el foco judicial por supuesta compra de votos a cambio de contratos en el Ayuntamiento. Los hechos se remontan a la campaña de las elecciones municipales de 2019, en las que los socialistas se hicieron con la Alcaldía.

Las sospechas apuntan al voto por correo. Algunos vecinos han declarado durante la investigación que nunca ejercieron su derecho al voto, aunque sus firmas aparecen junto a las papeletas en cuestión.

Según adelanta ABC, otro testimonio confirma que le ofrecieron un puesto de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de firmar el voto a favor del PSOE.

El contexto de esta situación se ubica en las elecciones municipales de 2019, momento en el que el PSOE obtuvo seis concejales, frente a los cinco del PP. Adelante Andalucía se quedó a solo seis votos, lo que le habría supuesto a José Antonio Gelo, actual alcalde, perder la mayoría absoluta.

Izquierda Unida fue quien llevó el caso a la Fiscalía en octubre de 2019, denunciando un posible fraude en más de cincuenta votos por correo. La Guardia Civil sostiene que de las 115 personas que fueron contratadas ese año por el consistorio, veinte emitieron su voto por correo. Muchas de ellas, además, compartían domicilio, lo que indica que eran miembros de una misma familia.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor. Entre los investigados están el propio alcalde, José Antonio Gelo, y su antecesora, Soledad Cabezón, exdiputada en el Congreso y exparlamentaria europea. Además de ellos, otras seis personas parecen estar implicadas, entre los que constan trabajadores municipales y de Correos.

Las diligencias abiertas analizan si los hechos encajan en delitos como fraude electoral, falsedad documental, prevaricación, suplantación de identidad, abuso de poder o pertenencia a grupo criminal.

Voto por correo

Izquierda Unida centró sus sospechas en el uso irregular del voto por correo, cuya incidencia en Albaida del Aljarafe durante las elecciones municipales de 2019 fue muy superior a la media nacional.

ABC sostiene que, mientras que en el conjunto del país el voto postal representaba el 3,6 por ciento del total, en este municipio de la provincia sevillana se disparó hasta alcanzar el 14,92 por ciento.

La formación denunciante asegura que ese repunte estuvo estrechamente ligado a las contrataciones del Ayuntamiento: todos los trabajadores municipales con contrato indefinido, así como buena parte de los contratados a través de programas de empleo desde enero de ese año, votaron por correo.

En su escrito ante la Fiscalía, IU sostiene que existía una "trama organizada" con el objetivo de conseguir "el mayor número de votos en las elecciones locales para el PSOE". Lo habrían hecho, según su denuncia, a través de un plan “preconcebido y coordinado”.

Una cadena de implicados

La denuncia apunta hacia J.A.R.C., militante socialista y empleado del Ayuntamiento, como “la persona encargada” de manejar el censo electoral. Por su parte, Á.L.C., concejal del PSOE, habría tenido como función “peinar” el censo para identificar a personas a las que “se les podría tentar con promesas laborales” a cambio del voto por correo.

También aparece el nombre de C.R.M., empleada de Correos y exconcejal socialista. IU sostiene que fue la encargada de recibir tanto las solicitudes como los sobres con el voto ya emitido, gestionados por A.G.D., repartidor de Correos y también investigado.

Según la denuncia, este último recogía en el Ayuntamiento la documentación de los votantes y la entregaba directamente en la oficina postal, obviando el requisito legal que obliga a que todo el proceso del voto por correo sea realizado personalmente por el ciudadano.