La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha señalado que el colegio sevillano Irlandesas de Loreto podría perder el concierto educativo si el "si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave" del mismo.
Este es el centro en el que estudiaba Sandra Peña, la menor de 14 años que el pasado martes se precipitó desde la azotea de su edificio tras sufrir supuesto acoso escolar.
Una vez terminada la investigación, la Administración pública andaluza podría retirarle la financiación a dicho colegio privado concertado si se demuestra que el centro no cumplió con su obligación en estos casos.
Educación concluyó que el centro, cuya gestión es privada pero recibe fondos públicos, no había actividado los protocolos establecidos pori la normativa.
Según han señalado desde Educación, "será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las mismas de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería".
Seguidamente, si el expediente administrativo concluye que ha habido un incumplimiento muy grave del concierto, "se podría determinar su retirada por parte de la Junta".
La consejería de Educación confirmó el pasado 16 de octubre que el colegio en el que estudiaba Sandra Peña, la menor de 14 años que se precipitó desde la azotea del edificio en el que vivía tras sufrir supuesto acoso escolar, no activó los protocolos que exige la normativa vigente, por lo que trasladó el caso a la Fiscalía.
Según la familia de la niña fallecida, la madre de esta había denunciado hasta dos veces al centro escolar la situación por la que estaba pasando su hija, sin embargo, "solo la cambiaron de clase".
Posteriormente, la Inspección Educativa inició una investigación para recabar la información acerca del caso y confirmó que el Irlandesas de Loreto no había activado los protocolos antiacoso y de prevención del riesgo de suicidio que obliga la ley ante estas situaciones.
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, aseguró el pasado viernes que "estos protocolos funcionan".
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento de estos programas.