Aunque parezca controvertido, los padres de Sandra Peña, la adolescente sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir presunto acoso escolar, aún no han presentado la demanda.
Han esperado los avances de la Fiscalía para interponerla. Dos meses y medio después, y tras ver desfilar por el Ministerio Fiscal a las presuntas acosadoras de la menor y a los responsables del colegio, sus abogados la están ultimando para interponerla en las próximas semanas.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la demanda irá dirigida contra estos últimos, es decir, contra los responsables de la menor en el centro escolar donde estudiaba, las Irlandesas de Loreto.
Aunque el proceso no ha sido rápido, los padres aseguran que están siendo escuchados y
acompañados por las instituciones. De hecho, reconocen estar muy satisfechos con las investigaciones de la Fiscalía y por la cercanía de la Consejería de Educación.
En este momento, el expediente abierto por Educación sobre lo ocurrido en el centro
educativo se encuentra suspendido, a la espera de que el Ministerio Fiscal saque conclusiones.
La familia entiende esta pausa y asegura que respeta los tiempos legales. “Acatamos lo que
dicen y si el proceso tiene que estar paralizado, porque es un procedimiento y tiene sus
tiempos, pues lo está”, explican a este medio.
Aun así, los padres no han dejado de llamar a distintas puertas para obtener respuestas. De hecho, la madre de Sandra, en concreto, ha solicitado una reunión directa con la consejera de Educación, Carmen Castillo.
Será a principios de año para conocer de primera mano en qué punto se encuentra ese expediente que la Junta de Andalucía abrió al centro escolar cuando ocurrieron los hechos.
El concierto de la Junta
En cualquier caso, si el centro resultara condenado podría mantener el concierto con la Junta durante los próximos 13 años aunque fuera condenado a perderlo. Es decir, hasta 2038.
Así lo advierten fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que señalan que, además de una eventual condena por el caso de la menor fallecida, está en juego el derecho de unas 700 familias a tener a sus hijos en este centro, al que accedieron siendo concertado.
Esto sería así porque el cierre de las líneas concertadas se hace curso a curso, señalan fuentes de Educación a este periódico. Es decir, primero sería privado solo el curso de los niños de 3 años. El resto, hasta los 16 años, esto es, 4º de la ESO, se mantendría concertado.
Mientras tanto, las menores presuntamente implicadas en los hechos ya se encuentran bajo
la supervisión de la Fiscalía, que ha iniciado actuaciones contra ellas.
La familia de Sandra mantiene su objetivo claro: “que se esclarezca lo ocurrido y que se
asuman responsabilidades”, con la esperanza de que situaciones como esta no se repitan.
Sin embargo, desde Educación rebajan expectativas en cuanto a la posible sanción que se pueda llevar el centro. Indican que, para que el castigo sea "muy grave" deberían haberse cometido varias faltas de ese calibre. Y, por ahora, sólo hay constancia del caso de Sandra Peña, señalan.
En todo caso, las mismas fuentes apuntan a que si bien el centro puede quedar en una sanción menor, la dirección del mismo sí que puede afrontar alguna responsabilidad. "Siempre que se demuestre que no actuaron correctamente", puntualizan.
La demanda de los padres de Sandra irá por esa línea. Porque desde Educación aseguran que la dirección de las Irlandesas de Loreto sí que actuó, aunque no activara el protocolo antisuicidios y quizás no hiciera lo suficiente. Por eso apuntan a que puede ser el equipo directivo quien deba responder por la cuestión.
Fuentes del colegio, sin embargo, aseguran desde que se conoció el suicidio de la alumna que sí que se tomaron medidas. Desde Educación se apunta, además, que cuando un menor se quita la vida no es solo por una razón. Hay un cuadro complejo y no se puede reducir algo tan sensible a buscar un solo culpable.
Por todo ello, desde el Gobierno andaluz se llama a la prudencia. Quieren resolver esta cuestión con delicadeza con las partes -son menores y sus familias, subrayan, a los que hay que proteger-, pero siempre dentro de la ley.
Porque, añaden, lo que se imponga como castigo al colegio debe basarse en la decisión de la Justicia. De hechos probados, que no tienen siempre por qué coincidir con el relato de los menores.