En Sevilla, la muerte de una persona sin hogar o sin recursos abre un camino invisible para la mayoría, un protocolo silencioso que avanza entre engranajes administrativos, intervenciones de urgencia y decisiones que intentan salvaguardar la dignidad de quienes apenas dejaron rastro en vida. En este 2025, dicho protocolo se ha puesto en marcha en 81 ocasiones.
La ciudad mira hacia ese proceso tras la conmoción provocada por el caso ocurrido la pasada semana en el que una persona sin hogar fue arrastrada varios kilómetros bajo un coche.
El episodio ha reabierto una cuestión dolorosa: ¿qué ocurre cuando alguien muere en situación de vulnerabilidad y no tiene a nadie que se haga cargo de su despedida?
Lo que sucede después es un procedimiento discreto pero preciso. Comienza siempre del mismo modo, es decir, una llamada a los Servicios de Emergencias 112. "Cuando la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES) o una persona de a pie se encuentra a una persona fallecida, debe llamar al 112", informan desde el Ayuntamiento.
Son los servicios de emergencias, la policía y la autoridad judicial quienes intervienen en ese primer momento.
Sin embargo, a partir de ahí, el camino cambia según las circunstancias económicas y familiares del fallecido. Si no existen allegados que puedan hacerse cargo del sepelio, o si no hay recursos para cubrirlo, entra en juego la maquinaria social municipal.
"Los servicios sociales son el primer escalón de ese proceso", según confirman fuentes consistoriales a EL ESPAÑOL de Sevilla. De ellos depende la elaboración del documento que acredita que la persona fallecida no disponía de seguro funerario ni capacidad económica —ni propia ni de su familia— para asumir los gastos.
Entierros "benéficos"
Ese informe, imprescindible para continuar, es el que permite declarar el entierro o la incineración como "benéficos", lo que exime del pago de tasas en el Cementerio de San Fernando.
Aunque la normativa autonómica no recoge explícitamente la obligación municipal de sufragar entierros de personas sin recursos, esta práctica está arraigada desde hace un siglo.
Ya en el Reglamento de Sanidad Municipal de 1925 se recogía el deber de los ayuntamientos de costear los entierros y ataúdes de los llamados entonces "pobres".
Hoy ese compromiso se concreta en la ordenanza fiscal del cementerio, que permite asumir el sepelio de quienes se encuentran en exclusión social.
A partir de ese momento, la responsabilidad pasa al cementerio municipal y a la empresa funeraria adjudicataria del servicio. Fuentes del Cementerio de San Fernando explican a este periódico que todos los entierros benéficos se realizan en las mismas condiciones que cualquier otro.
En este sentido, dependiendo de la disponibilidad, pueden ubicarse en un espacio específico o en la misma zona en la que se entierran a personas cuyos familiares sí afrontan los costes.
"Ahora mismo, por ejemplo, todos los entierros van al mismo lugar", subrayan desde la dirección del camposanto, haciendo referencia a una zona piramidal que se encuentra "entrando a la derecha".
Empresa adjudicada
Para hacer posible ese proceso, el Ayuntamiento contrata cada año a una empresa funeraria encargada de atender estos casos. Desde el pasado 1 de junio, la adjudicataria es Mémora, que prestará el servicio durante dos años.
Su función va mucho más allá del traslado del cadáver. Deben suministrar un féretro adecuado según la clasificación del cuerpo, disponer del personal funerario necesario y encargarse tanto de la inhumación como de la incineración cuando así se determine.
Además, si por alguna razón excepcional el entierro no puede realizarse de inmediato, la empresa está obligada a custodiar el cuerpo en cámara frigorífica hasta que sea posible.
También les corresponde la tramitación de toda la documentación ante el Registro Civil o el juzgado de guardia para obtener la licencia de sepultura que posteriormente entregarán al Servicio de Cementerio.
Aunque la incineración suele ser la práctica más económica, no es ni la única opción ni la más común, ya que todo depende de cada situación y de la disponibilidad de nichos en el cementerio.
Lo que sí se garantiza siempre, según explican desde San Fernando, es un trato igualitario: una persona sin recursos no descansa en un espacio diferenciado por su condición económica, sino en el mismo lugar donde lo hace cualquier otro vecino de Sevilla.
81 sepulturas "benéficas"
Las cifras muestran que esta realidad, silenciosa y apenas visible, es constante en la ciudad. En lo que llevamos de 2025, han sido enterradas de manera benéfica 73 personas, mientras que otras 8 han sido incineradas. En 2024, la cifra fue muy parecida: 68 enterramientos y 9 cremaciones.
Detrás de cada número hay una historia distinta, vidas marcadas por la pobreza, la soledad o la exclusión, pero todas con un final común: la certeza de que alguien, aunque no las conociera, se encargará de que no desaparezcan sin más.
En una sociedad donde la muerte suele estar envuelta por familias, ritos y despedidas, la de quienes viven en la calle es radicalmente distinta.
A veces no hay nombre, otras no hay dirección, casi nunca hay fotografías. Pero hay un sistema que actúa, que sustituye a la ausencia y que intenta ofrecer un último gesto de dignidad.