La muerte de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla, ha sacudido a toda España, reabriendo el debate sobre el acoso escolar y la responsabilidad de los centros educativos.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, este lunes la Policía Nacional visitaba a la familia de Sandra Peña para comunicarles que el teléfono móvil de la menor había sido finalmente desbloqueado y su contenido ya está siendo analizado por los investigadores.
Durante el encuentro, tal y como confirma la familia a este periódico, los agentes realizaron varias preguntas a los padres, centradas en quiénes eran las amigas más cercanas de Sandra, con el objetivo de reconstruir su entorno más inmediato y conocer con precisión las relaciones que mantenía con sus compañeras de clase.
Aparecen pintadas contra las presuntas acosadoras de Sandra
El análisis del dispositivo podría confirmar si, además del presunto acoso presencial que sufría en el colegio, la adolescente también pudo haber sido víctima de ciberacoso a través de redes sociales u otros canales de comunicación.
Mientras la Policía continúa recopilando información, la Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos líneas de investigación. La primera se centra en las tres alumnas presuntamente implicadas en el acoso que sufrió Sandra, con el fin de determinar su grado de responsabilidad y si existieron conductas tipificadas como delito.
La segunda, se dirige contra el colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la menor, para evaluar si hubo negligencia institucional al no activar el protocolo de acoso escolar ni el de prevención de conductas autolesivas, pese a las presuntas señales de que la niña estaba siendo víctima de hostigamiento.
Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía ha solicitado documentación tanto al centro educativo como a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, que ha anunciado su colaboración total con la investigación.
La familia de Sandra Peña se abraza en el portal de su casa delante del altar improvisado por su muerte.
De confirmarse un incumplimiento grave de los protocolos de actuación, el colegio podría enfrentarse a sanciones administrativas e incluso a la pérdida del concierto educativo, lo que supondría dejar de recibir fondos públicos.
Mientras tanto, la presión social sobre las presuntas acosadoras de Sandra Peña no deja de aumentar. En los últimos días, sus nombres y fotografías han comenzado a circular por redes sociales, acompañados de mensajes de indignación y condena.
Sin embargo, las autoridades recuerdan que las tres jóvenes también son menores de edad, por lo que su identidad está legalmente protegida.
Por su parte, la familia de Sandra sostiene que llevaba meses alertando al colegio de la situación que vivía su hija. Fuentes cercanas al entorno aseguran que la familia "había denunciado en el centro educativo que la menor sufría acoso por parte de un grupo de compañeras de clase", sin embargo, "no se tomó ninguna medida efectiva", "ni activaron ningún protocolo".