El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Urbanismo, espera aprobar el próximo martes en el Consejo de la Gerencia una nueva convocatoria de ayudas para la instalación de ascensores en bloques de viviendas del Polígono San Pablo.
Esta segunda fase cuenta con 4,8 millones de euros y forma parte de la mayor línea de subvenciones de la historia del Consistorio, dotada con 10 millones y aprobada en pleno extraordinario el pasado mes de abril.
En la primera convocatoria, el Gobierno Municipal destinó 2,1 millones. Con esta, cada intercomunidad recibirá hasta 120.000 euros para financiar los nuevos ascensores.
El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, aseguró que "gracias a estas ayudas podrá llevarse a cabo la colocación de 40 nuevos ascensores con los que damos constancia de que seguimos trabajando para acabar con los pisos cárcel en la ciudad de Sevilla y más concretamente en el barrio de San Pablo, donde mayor déficit hay".
De la Rosa recordó que la oficina Sevilla Acelera ha permitido habilitar la modalidad de concurrencia no competitiva, lo que garantiza la aceptación de todas las solicitudes que cumplan los requisitos dentro del plazo.
52 nuevos ascensores desde su aprobación
Desde la aprobación de las ayudas en abril, se están instalando 52 ascensores en las comunidades más necesitadas.
A ello se suman "los ocho ya construidos en Cross Pirotecnia, otros 13 en ejecución y 20 en tramitación gracias al desbloqueo de una convocatoria de 2,2 millones en 2023", han explicado desde el Ayuntamiento.
En total, 41 ascensores frente a los ocho que, según el concejal, ejecutó el PSOE en ocho años.
Las ayudas se destinarán a comunidades de los barrios D y E de San Pablo, siempre que los edificios tengan al menos tres plantas.
Además, en estos bloques, deben residir dos personas mayores de 70 años, con discapacidad igual o superior al 50% y movilidad reducida, o con dependencia en grado 2 o 3.
Con esta medida, el Ayuntamiento busca mejorar la accesibilidad de los bloques más antiguos y dar respuesta a vecinos que viven en lo que De la Rosa definió como "pisos cárceles", impulsando así una ciudad "más accesible, más justa y habitable para todos".