Hasta el 21 de agosto se han quemado en España 382.067 hectáreas, el equivalente al 0,76 % de la superficie del país, según los datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea.

Este porcentaje rondaría el 1% si excluyésemos la franja litoral.

Cuando aún faltan cuatro meses y medio para que termine el año, 2025 ya supera al ejercicio más dañino desde el punto de vista de los incendios, el de 2022, cuando se quemó el 0,6% del país.

La práctica totalidad de la superficie que ha ardido este verano se sitúa en zonas rurales. La Guardia Civil es el cuerpo que se encarga de la seguridad en estos territorios, que representan el 80% de la superficie de España.

Si tomamos como referencia la plantilla oficial de la Guardia Civil, 78.173 efectivos, hay un agente por cada 518 hectáreas, o diecinueve agentes para cubrir 100 km2.

Esta cifra sería aún menor si excluyésemos a los miembros del cuerpo que están asignados al servicio marítimo y a otras especialidades.

La plantilla oficial de la Guardia Civil para cubrir todas las áreas afectadas por los incendios registrados hasta la fecha es por tanto de 739 efectivos. Sin embargo, esta cifra no es real porque no contempla las bajas, las vacaciones y los turnos, que rebajan a menos de la mitad la capacidad operativa.

Estos datos reflejan una situación dramática con consecuencias para la seguridad de las personas de las zonas rurales, la vigilancia de sus propiedades y negocios y la protección de la naturaleza.

Lejos de mejorar, la situación de déficit de efectivos de la Guardia Civil se agravará en los próximos años como resultado de una política de empleo público manifiestamente insuficiente ante la avalancha de jubilaciones que se van a producir.

Desde 1989 hasta 1993 (período que coincide con la edad de entrada en servicio de la generación del baby boom) se ofertaron 25.729 nuevos puestos en la Guardia Civil. Esto supone que a partir de 2023, la mayoría de agentes de esas grandes promociones comenzarán a pasar a la reserva y después, a jubilarse.

En pocos años, todos habrán dejado el servicio activo.

"Para mantener la ya debilitada plantilla se necesitan al menos cuatro promociones de 5.400 guardias cada una. Sin embargo, en los últimos años, las convocatorias han estado muy por debajo de estas cifras"

Desde el año pasado, abandonan el servicio más guardias de los que entran. Según los cálculos de JUCIL, la asociación profesional mayoritaria en la Benemérita, entre 2022 y finales de 2025 la plantilla se reducirá en 1.800 personas.

Actualmente, uno de cada tres guardias civiles tiene más de cincuenta años y la mayoría de los agentes que patrullan las calles superan los cuarenta años. Sin suficientes promociones de ingreso, en pocos años será un cuerpo envejecido, incapaz de afrontar las crecientes necesidades de seguridad.

Para mantener la ya debilitada plantilla se necesitan al menos cuatro promociones de 5.400 guardias cada una. Sin embargo, en los últimos años, las convocatorias han estado muy por debajo de estas cifras.

1.671 plazas en 2022.

2.520 en 2023.

2.721 en 2024.

3.118 en 2025.

En las últimas semanas hemos visto a muchos guardias civiles, junto a bomberos, militares, técnicos y voluntarios, enfrentarse con valentía a las llamas en muchas comunidades autónomas. Prácticamente ninguna se ha salvado del azote ya demasiado recurrente de los incendios forestales, si bien las más afectadas han sido Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

Pero su labor es aún más relevante cuando no hay fuego, precisamente para prevenirlo o evitarlo.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil es clave para esta labor de vigilancia, prevención y protección del medio natural. Las plantillas del SEPRONA están desbordadas y son insuficientes para cubrir dignamente la extensa geografía nacional y la creciente complejidad de los delitos medioambientales.

Mientras la masa forestal crece en España (se ha duplicado en las últimas décadas hasta alcanzar los dieciocho millones de hectáreas, a los que hay que sumar nueve de matorrales), la temperatura media asciende (junio ha sido el mes más caluroso desde que hay registros) y la falta de mantenimiento y el retroceso de la ganadería extensiva aumentan los riesgos de incendio, la plantilla de la Guardia Civil destinada a proteger el territorio desciende y envejece dramáticamente.

Si queremos un país más seguro desde todos los puntos de vista, incluido el medioambiental, tenemos que invertir más en los medios y las personas que están al servicio de los habitantes de las zonas rurales.

No hay ciudadanos de primera y de segunda, ni policías de primera y de segunda (aunque a veces lo parezca por la diferencia salarial entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado), sino españoles que pagan impuestos para sentirse protegidos frente al delito o la acción de la naturaleza, especialmente cuando esta se ve afectada por la acción o la inacción humana.

*** Ernesto Vilariño es secretario general de JUCIL.