Al regresar el presidente Sánchez de su inaudito retiro de cinco días, en abril de 2024, anunció el lanzamiento del tan mentado Plan de Acción por la Democracia, que finalmente se aprobaría en el Consejo de Ministros del pasado 17 de septiembre.
Al presentarlo, el Gobierno incidió especialmente en las políticas de medios. El Plan pretende abordar, sin apenas detallar su contenido, reformas de tanto calado como las relativas a la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y al propio Código Penal (varios artículos que colisionan con frecuencia con la libertad de expresión).
También recoge, por apuntar algunos otros objetivos, la intención de regular el secreto profesional de los periodistas y el propósito de elaborar una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
Sorprende, eso sí, una ausencia. No se advierte una sola palabra sobre la independencia de los medios públicos, una de las prioridades del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación en el que dice el Gobierno haberse inspirado para diseñar el Plan.
Se trata de una omisión coherente, desde luego, con la aprobación, solo un mes después (octubre de 2024), de un real decreto ley que amplía de 6 a 11 el número de consejeros de RTVE propuestos por el Congreso, con el evidente fin de dar entrada a peones de sus socios de investidura en el órgano de gobierno de la empresa audiovisual pública.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la sala de prensa de La Moncloa, en una imagen de archivo..
Esto se ha podido hacer efectivo porque, mediante la misma norma, se redujo de dos tercios a absoluta la mayoría que se requiere para designar a esos consejeros en segunda votación, resultando así innecesario el acuerdo con los diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Así las cosas, de todas las medidas previstas en el Plan de Acción por la Democracia, los portavoces gubernamentales han hecho especial hincapié en las relativas a la transparencia en materia de publicidad institucional.
El objetivo último, en palabras del ministro Urtasun, que esta no se convierta en una fuente de financiación de "pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news".
En este sentido, el Plan apuesta por la creación, en el seno de la CNMC, "de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben".
Y por el "establecimiento de un deber de publicación anual de la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas".
También plantea la "reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación".
Y "para garantizar que los sistemas de medición de la audiencia y la metodología que se utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad".
Con esta reforma se establecerán, asimismo, siempre según el Plan de Acción por la Democracia, "medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano".
"Estando de acuerdo con la necesidad de transparencia en la contratación de publicidad institucional, el primer gran interrogante es cómo se piensa articular un sistema fiable para garantizarla"
Finalmente, en relación con esta materia también se contempla la "introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas".
Estoy plenamente de acuerdo con la necesidad de transparencia, tanto por parte de las administraciones como de las empresas de medios en relación con la contratación de publicidad institucional.
Pero el primer gran interrogante que me surge es cómo se piensa articular un sistema fiable para garantizarla.
En un Estado tan descentralizado, donde administraciones y empresas públicas estatales, autonómicas, provinciales y locales (incluidas las insulares) invierten ingentes cantidades de dinero en publicidad institucional, sería esencial centralizar de algún modo, como parece anunciar el Plan, todas las transferencias de dinero público a empresas mediáticas.
Y esto es ya de por sí muy complicado. Sin lealtad institucional se antoja una tarea titánica.
A la vez, el órgano que habría de centralizar los datos debería ocuparse igualmente de supervisar los procesos de planificación (los criterios son claves) y contratación de la publicidad institucional.
Para ello tendría que contar con una presunción clara de independencia, cosa bastante cuestionable en el caso de una CNMC cuyos consejeros, sin que se prevean cambios al respecto, son designados a propuesta del Gobierno.
Si se plantease una coordinación con reguladores autonómicos sucedería lo mismo. Habría que ver cómo se configuran (el presidente del regulador catalán es biógrafo y amigo de Puigdemont), si es que existen.
Otro interrogante clave es cómo se concretarían esos "límites a la financiación que las administraciones públicas dedican a los medios". ¿Serían los mismos, por ejemplo, para todas las administraciones autonómicas o tendríamos aquí también fórmulas "singulares"?
"La publicidad institucional ha derivado en una forma tramposa y gravosa de generar relaciones clientelares en un sistema mediático especialmente abonado para que proliferen"
Igualmente cabe plantearse cómo encaja la planificación eficiente de campañas que deben trasladar mensajes de evidente interés público a todos los ciudadanos con la priorización, a la hora de insertarlas, de "medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano".
Una exigencia, como afirmó Urtasun al presentar el plan, de los mismos socios con los que se repartió el Gobierno los sillones de RTVE.
Finalmente, la gran pregunta es por qué, tras siete años en Moncloa, un Gobierno que considera tan importante la transparencia en materia de publicidad institucional no ha hecho nada para implementarla.
No es necesario ningún reglamento europeo ni ninguna normativa nacional para hacer públicas las cifras transferidas a los diferentes medios por este concepto.
Máxime si consideramos el volumen que maneja la Administración General del Estado: más de 270 millones presupuestados para 2025, sumando las cifras relativas a publicidad institucional y comercial que recoge el Plan 2025 de Publicidad y Comunicación Institucional de Moncloa.
No sorprende, por tanto, que siga sin respuesta, como tantas otras, la solicitud de información realizada por este diario al Ministerio de Hacienda el pasado octubre sobre el proceso planificación y contratación de la campaña "Sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en el acceso a servicios o medidas de ayuda prestados por la Agencia Tributaria".
Responder a esta petición de EL ESPAÑOL implicaría coherencia, predicar con el ejemplo. Y ya sabemos que este no sería el punto más fuerte del actual Gobierno.
Quizás convendría empezar por delimitar el sentido de la publicidad institucional y el de las subvenciones a los medios. Porque son estas últimas, simpaticemos más o menos con su existencia, las diseñadas, en el contexto de la crisis del petróleo, para fomentar el pluralismo externo en el mercado mediático.
Mientras, la publicidad institucional ha derivado en una forma tramposa, y muy gravosa, de generar relaciones clientelares en un sistema mediático especialmente abonado para que proliferen.
*** Isabel Fernández Alonso es profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona.