El Parlamento catalán aprobó ayer el proyecto de ley por el cual la Generalitat podrá regular y controlar el precio de los alquileres. Al margen del apoyo entusiasta de Ada Colau, que en este punto ha convertido Barcelona en un caos habitacional, conviene reseñar dos aspectos fundamentales de lo aprobado por la Cámara catalana.
Si el mes pasado el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó que algunos artículos de esta medida incumplían flagrantemente la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, este mismo órgano recordó que el Ejecutivo autonómico no tiene capacidad competencial para erigirse como el ente que regule los arrendamientos.
Vivienda digna
Tienen razón los agentes inmobiliarios y los propietarios de viviendas en alquiler cuando claman al cielo por este lacerante intervencionismo de la Administración pública en un asunto tan delicado como es el de conseguir un techo.
Es verdad que la Constitución, con toda razón, consagra el derecho de todo español a una vivienda digna, pero para cumplir este precepto constitucional se tienen que implementar colaboraciones público-privadas que den solución, por ejemplo, a la problemática de la escasez de viviendas sociales. Eso, entre otros graves problemas.
Inseguridad jurídica
Desde la óptica del propietario, además, se genera una inseguridad jurídica tremebunda que repercute en que los arrendadores se lo piensen dos veces antes de poner en alquiler sus propiedades, lo que complica aún más ese mismo precepto de la Carta Magna por el cual todo ciudadano tiene habitar en unas condiciones óptimas. De entrada, se van a favorecer los contratos en negro cuando no la práctica de subarrendar para mayor indefensión del arrendatario. Y todo esto sin mencionar que desde el Parlament se dé carta de naturaleza a una ley que incentiva de forma descarada la economía sumergida. Y que, no olvidemos, condena a muchos jóvenes a vivir en auténticas cochiqueras.
Llevar esta aberración ante el Tribunal Constitucional, como ya han propuesto el PP y los propietarios, es el primer paso contra este atentado de una institución pública contra la propiedad privada que, para más escarnio, trata de venderse como una conquista social. Aquí lo sustancial -y preocupante- es que el populismo de Colau se une al de Quim Torrra: mala combinación.