Miquel Iceta rechaza la propuesta de Inés Arrimadas de explorar un acuerdo entre partidos y entidades constitucionalistas de la sociedad civil con vistas a las próximas elecciones autonómicas. “Con nosotros no cuentes, Inés”, responde el líder de los socialistas catalanes.

Ojalá no fuera así, pero por desgracia no es la primera vez que los catalanes constitucionalistas constatamos con pesar lo difícil que resulta contar con el PSC: con la salvedad del honroso aunque efímero paréntesis de los aciagos días 6 y 7 de septiembre del 2017, el PSC hace mucho que asumió como propios los dogmas del nacionalismo, a menudo siendo incluso más papista que el Papa.

Conviene recordar, entre otras cosas, que durante los siete años de los dos tripartitos liderados por el PSC al frente de la Generalitat (2003-2010) se multiplicaron las multas lingüísticas a los comercios por rotular en castellano y se aprobó la Ley de Educación que apuntalaba la exclusión del castellano como lengua docente en Cataluña.

Son solo algunos ejemplos ilustrativos de la connivencia del PSC con los nacionalistas, que probablemente tenga su punto de no retorno en el año 2003 con la firma del llamado Pacto del Tinell con ERC y la extinta ICV, acaso el acuerdo más antidemocrático de la historia reciente de España por su voluntad expresa de excluir del juego político a un partido democrático como el PP.

Todo el mundo ha visto el carácter antidemocrático del separatismo: el PSC no puede reeditar un tripartito con ERC

Aquel acuerdo sentaba las bases para una reforma del Estatut a todas luces inconstitucional que necesariamente habría de generar inestabilidad política e institucional. El PSC lo sabía y aun así decidió abrir un proceso de reforma que pronto se convirtió en una ominosa competición entre el propio PSC, ERC y CiU por la hegemonía en el campo nacionalista, pervirtiendo conceptos fundamentales en nuestro ordenamiento democrático como el de "nación" y abriendo la puerta a la ulterior invención de otros conceptos como el inexistente "derecho a decidir" que están en la base del proceso separatista iniciado en el 2012.

Dos años antes, en el 2010, Montilla, a la sazón presidente de la Generalitat, encabezaba una manifestación bajo el lema "Som una nació: nosaltres decidim" contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut promovido por el PSC a sabiendas de su manifiesta inconstitucionalidad. El máximo representante del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalitat, deslegitimando una institución como el TC, que es la clave de bóveda de nuestro Estado democrático de Derecho, nuestro marco de convivencia. De aquellos polvos, estos lodos.

Iceta fue uno de los muñidores del Pacto del Tinell y del Estatut, así que, por desgracia, nadie debería llamarse a engaño cuando le dice a Arrimadas, y por extensión al constitucionalismo, que no cuente con el PSC. Ya entonces ERC basaba su discurso en la pedagogía del odio a España, el desprecio de la democracia liberal y la exaltación de un nacionalismo reaccionario, identitario e insolidario, pero el PSC, ávido de poder, prefirió mirar hacia otro lado y entregarse a los separatistas para presidir la Generalitat.

Con todo, en aquel momento el PSC todavía podía escudarse en que sus socios aún no habían intentado derogar la Constitución y el Estatut desde el Parlament; no habían pasado de la retórica hispanófoba a la comisión de delitos tan graves como la malversación de caudales públicos o la sedición.

Ahora, cuando todo el mundo ha visto el carácter antidemocrático y excluyente del separatismo cuyos líderes no solo dieron un golpe contra la democracia en el 2017 sino que lo reivindican ufanos y amenazan cada día con volverlo a hacer, el PSC no puede volver a dar la espalda a sus votantes y mirar hacia otro lado para reeditar un tripartito con ERC y Podemos que con toda seguridad nos devolvería a la casilla de salida del proceso secesionista.

¿Qué más tiene que pasar para que el PSC asuma que los partidos separatistas no son dignos de confianza?

¿Qué más tiene que pasar para que el PSC asuma que los partidos separatistas no son dignos de confianza? ¿Cómo es posible que Iceta prefiera volver a pactar con ERC, cuyo líder está en la cárcel por haber intentado liquidar nuestros derechos y libertades fundamentales, antes que hacerlo con quienes defendemos la unión y el respeto a la Constitución?

¿No se da cuenta de que un nuevo tripartito con ERC y Podemos, obsesionados con la secesión y la autodeterminación, nos abocaría a otra legislatura de división entre catalanes, de confrontación con el resto de los españoles y de parálisis política y económica? ¿No ve que su obsesión por desmarcarse del resto de los partidos constitucionalistas no hace más que normalizar y alimentar el desprecio de los partidos separatistas a todo lo que tenga que ver con España?

Durante demasiados años los sucesivos gobiernos de España han infravalorado la capacidad propagandística del separatismo y, así, han favorecido la normalización en nuestro debate público de un discurso profundamente reaccionario y supremacista con relación al resto de España. Heribert Barrera, Jordi Pujol, Carles Puigdemont, Quim Torra y Oriol Junqueras son solo algunos de los políticos que, azuzando a conciencia las más bajas pasiones y blandiendo supuestas diferencias genéticas y agravios imaginarios, han creado un estado de opinión que ha envenenado nuestra convivencia democrática.  

Ojalá Iceta reconsiderase su posición y aceptase la propuesta de Arrimadas de aunar esfuerzos para derrotar al separatismo en las urnas. Nuestro actual sistema electoral (tanto la ley electoral como el reparto de escaños que prevé el Estatut) favorece sobremanera a los partidos separatistas, con más fuerza en los territorios menos poblados. De ahí la necesidad de que todos los que nos sentimos parte de ese proyecto sugestivo de vida en común que es España nos unamos en su defensa como Nación de ciudadanos libres e iguales.  

*** Nacho Martín Blanco es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.