Hoy hay más esclavos en el mundo que en toda la historia de la humanidad. La organización International Justice Mission estima que en este momento 47 millones de vidas son víctimas de la trata de personas.

Y hoy, en la conmemoración del día Europeo contra la trata de personas merece la pena analizar cómo este problema se está desarrollando en España y por qué como país seguimos sin estar a la altura en lo que a la protección de los derechos fundamentales se refiere.

Según informes de la delegación del gobierno contra la violencia de género, 45.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución en España y más del 80% se encuentra en riesgo de explotación sexual. El Ministerio del Interior estima que aproximadamente 17.000 personas se encuentran en riesgo de explotación laboral.

Estos datos, que además tienen nombre y apellidos porque son vidas, deberían ser más que suficientes para generar acciones preventivas contra la trata de personas, una persecución activa del delito que realmente proteja a las víctimas y una movilización de recursos para su reinserción social y reparación del daño.

Sin embargo esto está todavía muy lejos de ser una realidad. España no tiene herramientas efectivas para combatir este problema. Aunque por supuesto es necesario resaltar el trabajo de las organizaciones locales que trabajan incansablemente para rescatar víctimas, no es suficiente con hacer rescates en un país que no tiene una ley integral que tipifique todos los tipos de trata, proteja a las víctimas colaboren o no en la persecución del delito y ofrezca oportunidades reales y dignas para salir de la explotación.

Un problema que afecta a más de 60.000 personas en este país no se puede combatir exclusivamente desde las ONG

Esta falta de estructura jurídica y presupuestaria para proteger los derechos fundamentales de las personas vulnerables a situaciones de explotación laboral y sexual tiene como resultado que sólo se logra identificar formalmente a un 1% de las víctimas de este delito mientras las demás quedan en una situación de desprotección absoluta.

¿Cómo somos capaces de pensar que un problema que afecta a más de 60.000 personas en este país se combate exclusivamente desde las ONG?

La trata de personas es un sistema de opresión social, económico y cultural basado en la explotación que todos (sociedad civil, gobierno y sector privado) legitimamos con nuestras acciones diarias y con nuestro dinero.

Nuestro sistema económico tiene como cimiento la explotación de miles de personas en nuestra ciudad, nuestro país y el mundo, y nuestro consumo diario desde la fruta que compramos en el supermercado o la manicura barata que nos hacemos hasta el pago servicios sexuales, legitima y perpetúa esa explotación.

Para explotar y lucrarse de la esclavitud de una persona es necesario un entramado de acciones en el que una gran cantidad de personas participan consciente o inconscientemente captando a la potencial víctima para explotarla, coaccionándola, transportándola, ofreciéndole servicios y manteniendo esta esclavitud en el tiempo.
Entender esto, es entender que la trata de personas se nutre del funcionamiento de nuestras ciudades. Es decir, se mueve como nosotros nos movemos, consume servicios que nosotros diseñamos y aprovecha las tecnologías que todo el mundo usa.

¿Qué pasaría si pudiéramos analizar con detalle cómo se capta una víctima, qué medios materiales y tecnológicos se utilizan para hacerlo y en qué puntos estratégicos de nuestras ciudades están esas víctimas con el fin de diseñar soluciones estratégicas que no sólo impliquen el rescate de las ONG y las estructuras jurídicas para 
protegerlas, sino que además conviertan a los ciudadanos situados en lugares clave de su ciudad (hoteles, aeropuertos, fronteras, servicios sociales, hospitales) en piezas fundamentales del proceso de detección e identificación de estas víctimas?

Los tratantes de personas llevan años de ventaja en usar los recursos que toda la sociedad utiliza

Para poder lucrarse de la explotación de personas, los tratantes llevan años de ventaja en usar los recursos que toda la sociedad utiliza. Usemos todos esos recursos y capacitemos de forma constante y articulada al personal no sólo de los aeropuertos sino de las aerolíneas para detectar indicios de trata; al personal de servicios sociales, de urgencias, de los hoteles donde las víctimas de explotación sexual atienden a sus clientes, e involucremos de esta forma a la sociedad civil y al sector privado de tal modo que las soluciones contra la trata no estén únicamente a la suerte de los intereses económicos y políticos de unos pocos, sino que sean alianzas multisectoriales que involucran a todo el mundo y que utilizan herramientas actuales, tecnológicas y eficientes para proteger los derechos humanos.

Aunque la perpetuación de la esclavitud tiene su origen en un pensamiento colonial -en la gran mayoría de ocasiones misógino y con altos intereses económicos-, nada de esto se pelea únicamente desde el discurso político.

La sociedad civil y el sector privado deben ser parte activa y fundamental de la solución. Y para ello no son suficientes una campaña de sensibilización anual por parte del gobierno y varias manifestaciones. Son parte de la solución porque ponen el asunto encima de la mesa, desde luego. Pero no son suficientes.

Los discursos motivacionales que se hacen virales para defender los derechos humanos son inútiles si detrás de ellos no hay acciones detalladas, eficientes y estratégicas para abordar una situación que le roba la dignidad a millones de personas en el mundo, pero también en las calles de nuestra ciudad.

Así que, si quienes explotan a personas utilizan los recursos que hay en las ciudades para lucrarse, conozcamos esos recursos y empleémoslos para complicar la logística de la trata de personas. Dejemos de darle soluciones simplistas e ingenuas a los problemas más apremiantes de nuestro siglo.

*** Alejandra Acosta es presidenta de la asociación contra la trata de personas Break The Silence y embajadora de la iniciativa +SocialGood de la Fundación de Naciones Unidas.