1. ¿Quién pagó las urnas y las papeletas del referéndum del 1-O?

Todos los acusados, salvo uno, han negado saber quién lo hizo. Ese uno fue Santi Vila, que dio la clave durante su interrogatorio: empresarios afines a la causa. Que los responsables fueran esos empresarios no quiere decir que actuaran por libre. Probablemente lo hicieron en connivencia con, y obedeciendo las instrucciones de, los líderes políticos y civiles procesados por el Tribunal Supremo.

2. ¿Quién llevó las urnas hasta los colegios electorales?

Socios y simpatizantes de las asociaciones civiles separatistas financiadas por las administraciones públicas catalanas, y en especial de la ANC y Òmnium Cultural. También, funcionarios de las administraciones catalanas fuera de su horario laboral. 

3. ¿Dónde se escondieron esas urnas?

Una hipótesis razonable es que se escondieran en casas de particulares, en iglesias y en los locales de las asociaciones civiles separatistas. Corre por la Cataluña profunda el rumor de que un párroco especialmente leal a la causa las ocultó en tumbas vacías. 

4. ¿Se emplearon fondos públicos en el referéndum del 1-O?

Las acusaciones sostienen que se utilizaron ingentes recursos públicos, más allá del uso de los colegios electorales, y que eso tuvo un coste para la ciudadanía. Como es obvio, los servicios sanitarios, los servidores informáticos y los Mossos d'Esquadra no se pagaron solos ese día.

5. ¿Por qué no hay facturas?

Los delincuentes no suelen exigir factura a sus cooperadores. Que no haya facturas, en cualquier caso, no prueba nada más que la obviedad de que en el procés jamás hubo proveedores en el sentido convencional del término. 

6. ¿Es cierto que el procés "brotó" espontáneamente de la sociedad civil?

No. El procés, como el Estatuto que se sacó de la manga Pasqual Maragall en 2004 cuando nadie lo pedía en Cataluña, fue un proyecto impuesto por las elites políticas nacionalistas a sus ciudadanos y para cuya propagación entre la ciudadanía se emplearon ingentes cantidades de recursos financieros, políticos y mediáticos. 

7. ¿Es cierto que las autoridades catalanes pretendieron siempre respetar la legalidad?

Es obvio que no. Lo que hubo es una estrategia concertada de los líderes políticos y parlamentarios nacionalistas, de las administraciones públicas a su cargo y las asociaciones civiles separatistas que tuvo como objetivo último la ruptura de la legalidad y la independencia de Cataluña por la vía de los hechos consumados. 

8. ¿Es cierto que el referéndum y la declaración de independencia fueron sólo "gestos políticos" sin trascendencia jurídica destinados a forzar una negociación con el Estado?

Es una estrategia de defensa comprensible, pero conceptualmente absurda. En primer lugar, porque supone afirmar que se declaró la independencia para obligar al Estado a negociar la independencia. En segundo lugar, porque si esa declaración de independencia hubiera cuajado por la renuncia del Estado a presentar batalla contra el nacionalismo, ¿habrían renunciado a ella los líderes del procés con el argumento que de se trataba sólo de un gesto destinado a forzar la negociación con el Gobierno central? 

9. Pero Cataluña no es hoy independiente. ¿No prueba eso que no hubo delito de rebelión o sedición?

Equivale a decir que el fracaso del robo de un banco demuestra que la intención de los ladrones no era robarlo en realidad, sino forzar la negociación con los propietarios del banco. Tampoco triunfaron Tejero y Milans del Bosch en su momento y eso no les libró de ser condenados por la Justicia. 

10. ¿Es cierto que la Constitución no niega el derecho a la autodeterminación?

Es una afirmación absurda. Tampoco niega el derecho al canibalismo y no hace falta ser catedrático en derecho constitucional para entender que eso no implica que lo permita. Aunque, en sentido estricto, la Constitución si niega la autodeterminación en su Título Preeliminar cuando afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español. 

11. Pero el derecho a la autodeterminación existe. ¿Por qué no se le concede a los líderes catalanes?

Porque el derecho a la autodeterminación no funciona cómo lo describen los procesados ni es aplicable en ningún caso a una región como la catalana. 

12. ¿Fue el procés tan pacífico como defienden sus líderes? 

El del pacifismo de la sociedad catalana, históricamente la más violenta de España, es un mito difundido por los medios nacionalistas catalanes y la prensa de izquierdas. Y como todos los mitos, es falso. Sólo hay que repasar la historia de la región desde finales del siglo XIX hasta la actualidad para cerciorarse de ello. 

13. ¿Pero existió violencia durante el procés?

En abundancia. Cortes de carreteras y de vías férreas, enfrentamientos con la policía, agresiones a los líderes de la oposición, agresiones y acoso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, acoso a niños en las escuelas, adoctrinamiento en el sistema educativo, campañas de difamación en los medios y las redes sociales, ocupación del espacio público, desobediencia de leyes y órdenes judiciales, violación de los derechos básicos de los ciudadanos opuestos al procés… El reto para la acusación es demostrar que toda esa violencia forma parte de un mismo acto criminal y es achacable a los procesados. 

14. ¿Es la violencia política equiparable a la violencia física?

Las consecuencias de la primera tienen efectos más letales y duraderos en la sociedad que las de la segunda. En Cataluña hubo violencia física, pero también política porque se violaron leyes, porque se intentó desposeer de sus derechos a la mitad de los ciudadanos catalanes y porque a lo largo de todo el procés latió la amenaza tácita y explícita de unas masas independentistas empujadas a las calles por los líderes separatistas. También la de una fuerza policial de 17.000 hombres armados y de cuya lealtad a la Constitución y a las leyes es legítimo dudar. 

15. ¿Por qué se está criticando tanto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado?

Fiscales y abogados del Estado se han mostrado con frecuencia dubitativos, torpes y, a ratos, incluso apáticos durante los interrogatorios a los procesados. También han confundido documentos, han errado en las traducciones y han mostrado un llamativo desconocimiento de cómo funcionan las redes sociales. La imagen que se ha transmitido a la ciudadanía es la de unas acusaciones que no dominan la causa y que están dejando escapar con vida a los acusados. 

16. ¿Tienen fundamento esas críticas?

Estéticamente, nadie puede negar que la imagen transmitida no ha sido buena. No hace falta tampoco ser un lince para detectar una cierta animadversión del presidente Manuel Marchena hacia la abogada del Estado Rosa María Seoane. Haciendo caso omiso de la estética, los interrogatorios de las acusaciones han dejado al descubierto algunos puntos débiles de la defensa de los acusados. No todos. 

17. ¿Cuánto pesan los interrogatorios de los acusados de cara a la sentencia?

Poco, puesto que estos tienen derecho a mentir y sólo los procesados más torpes se autoinculpan durante su interrogatorio. El verdadero juicio empezará con los interrogatorios a los testigos y la fase de pruebas documentales. Es ahí donde se espera que Fiscalía y Abogacía del Estado demuestren sus acusaciones más allá de toda duda. 

18. ¿Cómo podemos valorar las estrategias de las defensas?

De momento, sólo dos abogados, Javier Melero y Pablo Molins, han planteado una defensa estrictamente jurídica de sus clientes. El resto de los abogados han optado por una defensa política de sus acusados, como si no estuvieran en un proceso penal, y por actuar como micrófono de sus reivindicaciones ideológicas. Las defensas, por ello, parecen descoordinadas. A veces, los procesados se contradicen entre ellos. También han mentido en más de una ocasión. De forma flagrante en algunos casos. Aunque están en su derecho de hacerlo. 

19. ¿Y las de las acusaciones?

La sensación transmitida es la de que las acusaciones se han centrado más en demostrar los delitos de malversación y desobediencia que los de rebelión y sedición. El interrogatorio de Jordi Sànchez fue particularmente endeble. Los del resto de acusados, no particularmente brillantes. Sólo el fiscal Zaragoza ha parecido elevar el nivel de las acusaciones y poner en aprieto a alguno de los procesados. 

20. ¿Cómo está actuando el juez Marchena?

Manuel Marchena ha permitido los mitines políticos de los acusados, sin relación alguna con los hechos juzgados, con la evidente intención de no ofrecer el más mínimo resquicio a posibles dudas acerca de su imparcialidad. En un juicio menos mediático, esos mítines habrían sido cortados de raíz. En este caso, la manga ancha es comprensible.