Sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se cierne un cúmulo de interrogantes que exige una explicación urgente por parte de María Jesús Montero, a raíz de la detención de su expresidente Vicente Fernández y de los registros policiales en la sede de la entidad y varias de sus empresas participadas. Porque de su Ministerio de Hacienda depende directamente el gran holding empresarial del Estado.

La ministra ha asegurado que no ha tenido "ningún contacto con este señor desde que salió", ni presencial ni telemático. Y que hace más de seis años que no forma parte de su círculo de despacho habitual, por lo que no tiene "ni idea" sobre sus actividades posteriores.

Pero, aunque eso fuera cierto, no le exime de aclarar, en primer lugar, la naturaleza de sus relaciones con Fernández, y por qué lo designó al frente de la Sepi en junio de 2018. Lo trajo consigo desde Andalucía, donde había sido interventor general de la Junta cuando ella se desempeñaba como consejera de Hacienda.

Aunque ese nombramiento estuvo basado supuestamente en criterios profesionales, no se puede obviar que la relación entre ambos era notoriamente estrecha. Fernández llegó a ser considerado su "mano derecha", por mucho que la vicepresidenta quiera desmarcarse ahora completamente de él.

Pero, sobre todo, Montero debe explicar por qué, cuando Fernández fue imputado en octubre de 2019 por el caso Aznalcóllar (por un presunto amaño en la adjudicación de la mina), lo cesó pero dejó el cargo vacante durante 16 meses, hasta marzo de 2021.

De lo contrario, sería fácil conjeturar que la ministra le reservó el puesto al expresidente de la Sepi, esperando que fuera desimputado para devolverle la presidencia.

Además, Montero debe arrojar luz sobre la relación de Fernández con la Sepi después de haber sido cesado, y si siguió ejerciendo de alguna manera como presidente en la sombra.

Porque ha trascendido que Fernández fue contratado tras abandonar formalmente la Sepi por la Servinabar de Antxon Alonso y Santos Cerdán.Y también que la UCO investiga una presunta trama formada por Fernández, Leire Díez y Alonso que habría cobrado más de 700.000 euros en comisiones, por intermediar en al menos cinco operaciones con empresas de la Sepi entre mayo de 2021 y febrero de 2023.

Después de ello, es legítimo preguntarse si Fernández siguió manteniendo influencia en las decisiones del holding a través de intermediarios. Montero debe ilustrar a la ciudadanía sobre cómo pudo su hombre de confianza mantener acceso a decisiones de la Sepi años después de su destitución.

Se impone asimismo una explicación sobre los controvertidos rescates empresariales tramitados durante la pandemia, como el de la compañía con vínculos venezolanos Plus Ultra; el de Air Europa, objeto de investigación judicial y vinculado por Víctor de Aldama a presiones del ministro Ábalos para acelerar el rescate; o los de Duro Felguera o Tubos Reunidos, blanco asimismo de sospechas de irregularidades.

¿Cómo es posible que durante los dieciséis meses en los que la Sepi carecía de un presidente efectivo se tomaran estas decisiones trascendentales de repercusiones millonarias?

Igualmente merecedores de una justificación son los nombramientos en empresas participadas por la Sepi de cargos vinculados al entorno socialista, como el de la fontanera Leire Díez en Correos y Enusa, o el del extesorero del PSOE, investigado en el caso Koldo y designado presidente de la misma empresa.

Por último, María Jesús Montero debe a los españoles una aclaración sobre los términos en los que se produjo el despido de la responsable de los rescates de la Sepi.

EL ESPAÑOL revela hoy que la dirección del organismo despidió a María Jesús Garrido tras abrirle un expediente de incompatibilidad, al descubrir que trabajaba como comisionista, pero no la denunció ante la Fiscalía.

¿Por qué fue cesada Garrido por una simple falta administrativa, cuando se conocía a través de una denuncia interna que llevaba meses pidiendo comisiones? ¿Acaso se intentó tapar el caso y amortizarlo con un simple despido?

La vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que ella es "la primera interesada en que se conozca la verdad".

Sin embargo, se diría que está intentando eludir las responsabilidades políticas que le competen en una serie de decisiones opacas tomadas en el seno del organismo a su cargo.

La acumulación de coincidencias y dudas hace imprescindible que Montero rinda cuentas detalladas sobre cómo, bajo su supervisión, un ente que maneja miles de millones de euros públicos pudo convertirse en terreno fértil para la corrupción.