La repercusión de las nueve medidas anunciadas este lunes por Pedro Sánchez contra el "exterminio" al pueblo palestino, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, reflejan la endiablada situación en la que se encuentra el Gobierno de España a tenor de la crisis humanitaria en Gaza.

Como era de esperar, la acusación de "genocidio" que Sánchez ha imputado al Estado hebreo ha provocado la reacción airada del gobierno israelí, que ha tildado a su homólogo de "corrupto", "antisemita" y poseedor de "vínculos con Gobiernos tiránicos y siniestros".

Y ha prohibido, además, la entrada en Israel de Yolanda Díaz y Sira Rego. Dos de las ministras de la cuota radical del gabinete que venía exigiendo a Sánchez escalar las acciones contra Benjamin Netanyahu.

El "inaceptable veto" israelí ha movido a su vez al ministro de Exteriores español a llamar a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, rechazando las "calumniosas acusaciones de antisemitismo".

Hasta ahora, el Gobierno español, que sigue aspirando (en un ejercicio de difícil equilibrismo) a evitar la enemistad total con Israel, había evitado recurrir a la vía diplomática para castigar al gobierno hebreo por sus desafueros en Gaza.

Pero esta retirada temporal de la embajadora (que se añade a la retirada de la israelí en Madrid en mayo de 2024 a consecuencia del reconocimiento del Estado palestino) coloca a España al borde de una ruptura de las relaciones diplomáticas con Tel Aviv.

Está fuera de toda duda que el Gobierno español debe contribuir, por todos los medios a su disposición, a frenar la desproporcionada acción militar de Israel en la Franja de Gaza, que está causando decenas de miles de muertes de civiles y una severa hambruna,

Pero debe hacerlo de una forma que no se haga acreedora de reproches de "demonización y doble rasero", tal y como le ha achacado el ministro de Exteriores israelí.

Y a la vista de que Hamás ha aplaudido en un comunicado "la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí", no parecen acusaciones del todo infundadas.

Tampoco resulta idónea la elección del momento para el anuncio de estas iniciativas, el mismo día en que dos palestinos han perpetrado un atentado en Jerusalén que ha dejado seis fallecidos.

Uno de ellos, para más inri, un joven de nacionalidad española.

Por ello, es más que legítimo sospechar que Sánchez está recurriendo a la cuestión palestina (para la cual puede recabar más apoyo entre la población española) a fin de desviar el foco de las sospechas de lucro con el negocio de la prostitución que pesan sobre su familia, después de que el PP las haya concretado en forma de acusación este lunes al hilo de las informaciones publicadas en los últimos días por EL ESPAÑOL.

Sánchez, que fue pionero en enarbolar la causa del reconocimiento del Estado palestino, espera ser también la vanguardia del cambio de postura europea con respecto a Israel.

Pero la necesaria presión sobre Netanyahu tiene que inscribirse en una acción coordinada de la UE, que aunque dividida entre los países más enérgicos y los más tibios, ya ha empezado a estudiar sanciones como la revisión del Acuerdo de Asociación Comercial con Israel.

Y con más motivo cuando se trata de medidas cosméticas con escasos efectos reales.

Porque el embargo de armas a Israel ya estaba en realidad en vigor desde octubre de 2023, y el Gobierno se limita a dotarlo de "consolidación jurídica". Y su impacto será mínimo, dado que las cifras del comercio militar entre España e Israel son anecdóticas.

Además, como explica EL ESPAÑOL, España no podrá evitar que Israel continúe recibiendo material bélico a través de Europa mientras su principal proveedor (Estados Unidos) lo siga suministrado a través de las bases españolas de Rota y Morón, autorizado por el Convenio de Cooperación para la Defensa.

Extremar los gestos de cara a la galería sólo servirá, a lo sumo, para que Sánchez pueda apaciguar los ánimos de sus socios de Podemos y Sumar, no para contribuir de manera efectiva a un alto el fuego en Gaza.