Cuesta esfuerzo creer que, sólo una semana después del gran apagón, el Gobierno esté replicando la misma estrategia comunicativa absolutoria para responder al robo de cable en la línea Madrid-Andalucía, que ha dejado varias horas atrapadas a 10.700 personas en 30 trenes.

La secuencia de acontecimientos ha sido muy similar en ambos casos.

En primer lugar, el colapso de un servicio público cuyo funcionamiento depende del Gobierno. El de la red eléctrica el 28 de abril; el de parte de la red ferroviaria este domingo.

En segundo lugar, la presentación inmediata del Gobierno como víctima de una agresión externa.

Así lo hizo Pedro Sánchez: aún aclarando que la investigación será compleja y que costará meses conocer las causas del cero absoluto, se apresuró a orientar la interpretación de lo sucedido hacia la tesis del ciberataque. Y otro tanto Óscar Puente: aunque igualmente ha reconocido que hay que "esclarecer" el origen y "aprender de lo sucedido para evitar que vuelva a producirse", ha dado por hecho desde su primera comunicación sobre el incidente que este se debió a un "grave sabotaje".

Y, en tercer lugar, la derivación de la responsabilidad de lo ocurrido hacia terceros, para forzar el encaje de la crisis en la lucha partidista e invertir la situación hasta convertirla en motivo de reproche a la oposición.

En su primera comparecencia tras el apagón, Sánchez puso en la diana a los "operadores privados", y desde entonces Ferraz y Moncloa han alimentado el marco de una concertación antigubernamental entre las energéticas y sus "lobistas" del PP.

Ahora, con el corte de la línea de AVE, cargos del PSOE se las han arreglado para vincular el presunto "sabotaje" con el discurso de la movilización contra el Gobierno. Prácticamente ha culpado al PP de instigar lo que para la Guardia Civil podría tratarse de un robo de cobre a cargo de una banda, según informa EL ESPAÑOL.

Esta crítica al "carroñerismo político" de la oposición, que aprovecharía aviesamente cualquier "problema nacional" para sacar rédito política, no es otra cosa que una estrategia para blindarse frente a toda crítica y exigencia de rendición de cuentas.

Más allá de lo grotesco que resulta el manual de gestión de las crisis del sanchismo, es inaceptable que el Gobierno esté aventando teorías de la conspiración tras las que parapetarse. O, como mínimo, sembrando confusión con una fórmula análoga a la que empleó Sánchez: "Todas las hipótesis siguen abiertas".

Pero para dar pábulo a tesis que implican "claramente" un "acto deliberado", y postular que el robo podría tener "otro interés" distinto al económico, tendría que existir algún indicio significativo que lo avalase.

Y no cabe escudarse en que se emplea el término "sabotaje" como mero sinónimo de una avería consciente de una infraestructura. Porque la RAE lo define como el "daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos".

En el mejor de los casos, se trataría de una irresponsabilidad por parte de Puente, porque un ministro no puede emplear las palabras a la ligera. Y, en el peor de los casos, estamos ante un movimiento intencionado de desinformación.

Pero la auténtica negligencia es la que incumbe al Gobierno en la incidencia en el servicio ferroviario. Y aquí sólo caben tres posibilidades: o la avería es atribuible al Ministerio de Transportes, por no haber preparado las instalaciones de Adif para eventualidades como estas; o es atribuible al Ministerio de Interior, por no haber garantizado adecuadamente la seguridad de las vías férreas; o la responsabilidad debe imputarse a ambos.