Desde que Carles Puigdemont proclamó que haría uso de la llave de la gobernabilidad que le han otorgado los resultados del 23-J, y que no se sentía obligado a elegir entre Sánchez o Feijóo, quedó claro que Junts iba a adoptar una postura de máximos en sus negociaciones con el PSOE para llegar a cederle sus siete votos. Es decir, que no aceptaría ninguna concesión que no fuera situar las negociaciones de la investidura en el marco de una conversación sobre el reconocimiento de la soberanía de Cataluña. Y aunque no lo explicitó, dejó entrever que no se bajaría de sus reclamaciones de una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Este planteamiento lo ha confirmado abiertamente este sábado el diputado de Junts en el Parlament y portavoz del Consejo de la República Antoni Castellà, que ha roto el silencio de Junts en el proceso de contactos con el PSOE para aclarar que "la discusión de fondo" y el "marco mental" donde debe insertarse la negociación para la investidura de Sánchez es si "está dispuesto a negociar el brexit catalán". Es decir, que Puigdemont no rebaja el listón de sus condiciones.

Desde el principio quedó claro que el referéndum, incompatible con una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que impide celebrar consultas populares autonómicas para reformular el titular de la soberanía, no es una posibilidad. 

Por eso, y tal y como anticipó el director de La Vanguardia Jordi Juan en conversación con este periódico, para Puigdemont lo más importante pasó a ser la amnistía, a priori más factible y capaz de recabar el beneplácito de algunos dirigentes socialistas.

Es cierto que Salvador Illa rechazó de forma tajante esta posibilidad. Pero, según pudo saber EL ESPAÑOL por fuentes socialistas, el PSOE se ha abierto y cada vez está más dispuesto a tramitar una ley de amnistía para los implicados en los delitos del procés. Haciendo suyo el dudoso argumento del ex vicepresidente del TC Juan Antonio Xiol y de los propios independentistas, el PSOE ya asegura que la amnistía "es perfectamente posible" en nuestro sistema constitucional y en el ordenamiento jurídico.

El problema es que —con razón— Junts no se fía de la volátil palabra de Sánchez. Por eso, como han explicado tanto el propio Jordi Juan como el exjefe de gabinete de Junqueras, Sergi Sol en estas páginas, Sánchez va a intentar ganarse la confianza de Puigdemont con un gesto de buena voluntad.

El primero fue el pasado miércoles, cuando la Fiscalía anunció que recurriría al TC la inadmisión de la Sala de Vacaciones de la demanda de amparo de Puigdemont contra el juez Llarena. Un movimiento que traslada el mensaje de que el tribunal de garantías sólo causará problemas al independentismo a pesar del PSOE.

La segunda fórmula para apaciguar a Junts ha sido apartar a Meritxell Batet y negociar la constitución de una Mesa del Congreso dispuesta a tramitar una ley de amnistía. El PSOE ya da por hecho el acuerdo para esta especie de primera vuelta de la investidura, considerando que allana el camino para la formación de Gobierno.

Y, como ha confirmado a EL ESPAÑOL el director de ElNacional.cat, José Antich, forma parte de la mesa de negociación entre el PSOE y Junts el escenario de tramitar esa proposición de ley con el Gobierno aún en funciones. De esta forma, los independentistas podrían tener la garantía de que los socialistas no bloquearán la iniciativa en cuanto tengan oportunidad.

Resulta muy grave que Sánchez se preste siquiera a "ceder en clave nacional" (o sea, soberanista). Porque este periódico ha podido saber que esos son los términos en los que se está desarrollando la negociación con Junts.

No se entiende que el PSOE compre las frívolas tesis "plurinacionales" de sus socios de Sumar. Se trata de una temeridad que va mucho más allá de los apoyos para una investidura, porque concierne a aspectos fundamentales del orden constitucional que transformarían la estructura política de España.

¿Está dispuesto Sánchez a llevar tan lejos su audacia como para imponer una amnesia general a cambio de cuatro años más en la Moncloa? Porque la amnistía no sólo comporta la condonación del castigo, sino también la extinción de los antecedentes penales. Y los independentistas pretenden borrar la responsabilidad de "4.000" encausados por el procés, algunos de cuyos delitos son tan graves como la malversación de fondos públicos, las coacciones, el atentado a la autoridad, la fabricación de explosivos o el terrorismo.

La amnistía no resulta tanto una monstruosidad en el plano jurídico como en el político. Porque supone dejar impune el golpe de Estado secesionista de 2017, como si nunca hubiese existido.

Además, se trata de una medida de gracia utilizada habitualmente en procesos transicionales. ¿Va a prestarse realmente Sánchez a comprar un marco que equipara a los independentistas con los presos políticos del franquismo? ¿O a crear el sustrato para un cambio de régimen político, tal y como pretende Puigdemont al haber hecho extensivo a la Corona su desafío?

Por muchos argumentos jurídicos que el PSOE quiera sacarse de la manga para justificar esta aberración política, definitivamente la amnistía es un precio a pagar demasiado alto.