El Gobierno ha forzado la dimisión de José Manuel Pérez Tornero al frente de RTVE. El también presidente del Consejo de Administración de la Corporación llevaba meses recibiendo presiones de los consejeros más cercanos al PSOE y a Unidas Podemos para endurecer la línea contra el Partido Popular. El rechazo del presidente a aceptar estas exigencias ha precipitado la retirada definitiva del apoyo del Ejecutivo. 

Tornero ha lamentado en su carta de despedida de este lunes que "ya no se dan las circunstancias para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente".

Es evidente que los sucesivos Gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han tratado siempre de hacerse con el control de la televisión pública para fines espurios.

Pero la dimisión del presidente de RTVE reabre una crisis política que parecía haberse cerrado con el acuerdo entre PSOE y PP de marzo de 2021 que resultó en su nombramiento. Uno de los pocos consensos de Estado de la legislatura (y que contó, precisamente por ello, con la oposición de Podemos desde el principio).

Aunque la retirada de la confianza de Moncloa a Tornero se justifica por su incapacidad para hacer repuntar las audiencias, su dimisión responde al volantazo político que un Gobierno obsesionado con el control mediático quiere imprimir en la corporación.

Fue Mariano Rajoy quien, en su día, revirtió la RTVE de consenso que había pactado con José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el periodo presidido por Luis Fernández, entre 2006 y 2009, la radiotelevisión pública gozó de las mayores cotas de prestigio, profesionalidad e independencia de su historia.

La recuperación del control por parte del PP cuando Rajoy llegó al Gobierno supuso el retorno a la dinámica de cooptación partidista de RTVE. Una situación que llevó a los trabajadores de la corporación a denunciar manipulaciones en la campaña de los "viernes negros".

Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el bloqueo de la renovación de la cúpula de RTVE llevó al Ejecutivo a proponer a Rosa María Mateo como administradora única hasta el nombramiento por concurso de un nuevo Consejo de Administración.

Aunque fue planteada como un figura de consenso cuya reputación podría zanjar la crisis en la administración del ente público, la feroz oposición de PP y Ciudadanos evidenció que Mateo tampoco consiguió edificar una televisión pública que pudiera aunar las distintas sensibilidades políticas.

La retirada de la confianza de dos de los cuatro consejeros propuestos por el PSOE ha sido clave para forzar la dimisión de Tornero. Se han sumado así a las críticas de los consejeros de Podemos, que acusaban al presidente de haber creado en RTVE un ecosistema conservador y de haberse rodeado de directivos ligados al PP.

De hecho, esos consejeros redactaron un informe el pasado mayo en el que acusaban a Tornero de seleccionar mayoritariamente tertulianos afines a "la derecha, la ultraderecha y el centroderecha".

Es muy discutible que el tinte político de las opiniones vertidas en RTVE sea predominantemente conservador. En nuestro paisaje mediático, de hecho, es palpable la hegemonía progresista y el respaldo a Sánchez. Además, sobran los ejemplos que ilustran una patente afinidad entre la línea editorial de la Corporación y el Gobierno.

Lo que realmente parece querer Pedro Sánchez es una identificación total de RTVE con la doctrina del Ejecutivo de coalición. Una aspiración más propia de regímenes en los que la información es controlada por el Gobierno. Un ejemplo más de la obsesión del presidente por obtener el apoyo de los medios públicos y privados cuando su gestión no resulta espontáneamente merecedora de buena prensa.

Con el PSOE ya en modo electoral, Sánchez ha puesto en marcha todo su aparato propagandístico. De ahí la urgencia por granjearse el favor de los medios y de la opinión pública con maniobras que llegan, incluso, al rodaje de una serie documental para ensalzar su figura.

El manoseo del Consejo de Administración de RTVE es uno más de los daños colaterales resultantes de la colonización de los órganos públicos por el partidismo partitocrático. Una dinámica de vulneración de la neutralidad de las instituciones en la que el Gobierno de Sánchez ha venido ahondando, como muestran los casos del CIS o el INE.

Los partidos deben volver a una fórmula de consenso que logre una despolitización del ente público capaz de garantizar una radiotelevisión estatal realmente autónoma y plural y que represente la diversidad de opiniones de la sociedad española, y no sólo las del Gobierno de turno.