Los primeros detalles conocidos sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por mayoría absoluta durante la última legislatura de Mariano Rajoy y conocida por la extrema izquierda como ley mordaza, invitan a la preocupación.

El nuevo texto, acordado por PSOE y Unidas Podemos, introduce detalles inquietantes que enarbolan la bandera de las buenas intenciones mientras favorecen la indefensión de los policías e impiden que estos realicen su trabajo de la forma más eficiente y segura posible. Un trabajo que no consiste en reprimir a los ciudadanos, como sostienen los coros radicales, sino servir a la ciudadanía y garantizar el orden público.

La nueva ley modulará el importe de las multas según el nivel de renta, llevando la lucha de clases a las sanciones administrativas. También permitirá la organización espontánea de protestas sin notificación previa a la autoridad y tolerará la difusión pública de la imagen de los policías que actúen contra los violentos, poniendo en riesgo su seguridad y convirtiéndolos en blancos potenciales de estos.

Se trata de modificaciones de una enorme gravedad que llegan en un momento particularmente delicado para los cuerpos policiales. Unos cuerpos que parecen haber sido relegados al último lugar de la lista de prioridades del Gobierno.

Agresiones diarias

Como publicamos hoy en EL ESPAÑOL, las agresiones contras los agentes se incrementaron un 26,9% en 2020. Son los peores datos de la década; peores incluso que en un 2011 marcado por el 15-M. Y no tienen visos de mejorar en 2021, dadas las cifras que maneja el Ministerio del Interior. 

Hace tiempo que dejaron de ser anecdóticos los ataques a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Barcelona (recordemos los ya habituales e impunes ataques a la comisaría de Vía Laietana), las fronteras de Ceuta y Melilla o los barrios controlados por el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

Tampoco son infrecuentes las agresiones contra funcionarios en las prisiones de nuestro país: hay una cada tres días. Todas ellas salen muy baratas.

Es por tanto de una extrema inoportunidad que el Gobierno reme ahora, para satisfacer a los radicales de Podemos, en contra de las reivindicaciones de los sindicatos y asociaciones policiales mayoritarias, y a favor de los promotores de las algaradas. 

Derechos civiles

No es progresista ni un triunfo de los derechos civiles tolerar las protestas espontáneas, sin notificación previa ni dispositivo policial, cuando estas amenazan con cortar calles, boicotear comercios y generar el caos. 

Tampoco lo es permitir que se difundan las imágenes de policías y guardias civiles impunemente cuando la legislación actual ya es incapaz hoy de evitar el acoso a esos agentes y a sus familias. ¿Por qué se cuestiona la palabra de los agentes y se menoscaba el respeto a la autoridad en beneficio de los violentos y de los radicales?

Una cosa es modificar los detalles más discutibles o mejorables de la Ley de Seguridad Ciudadana y otra bien distinta instaurar una ley marcadamente ideológica que atenta contra el sentido común. Una ley que alimenta la indefensión de los funcionarios, que perturba la convivencia y que únicamente socorre a los violentos.

Hablábamos hace apenas unos días de la decadencia de Chile, un país que ha tardado apenas dos años en caer en la ingobernabilidad tras unas algaradas muy violentas gestadas por la extrema izquierda chilena en 2019. Hará bien el PSOE dando prioridad a las peticiones de los policías en vez de a las proclamas de esos defensores de Alberto Rodríguez que pretenden convertir España en el Chile de la UE.