Pedro Sánchez y Boris Johnson anunciaron con dos tuits prácticamente simultáneos el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado por España y Reino Unido el miércoles, al borde del tiempo límite.

En el del presidente español llamaba la atención la ausencia de una palabra clave: soberanía. Palabra que sí aparecía en el mensaje del primer ministro británico:"Reino Unido siempre ha estado totalmente comprometido, y seguirá estándolo, con la protección de los intereses de Gibraltar y de su soberanía británica". 

Que Gibraltar es una anomalía en el contexto europeo resulta difícil de negar. Más de 300 años después del Tratado de Utrecht de 1713, España sigue sin recuperar la soberanía sobre el Peñón, atascada frente a la negativa rotunda de los habitantes de Gibraltar, expresada en los referéndums de 1967 y 2002, y por la de las propias autoridades británicas, que en un sentido jurídico estricto no ostentan la soberanía sobre el Peñón, sino sólo un "derecho de uso". 

Pero también por la de los habitantes de los municipios del Campo de Gibraltar, que se benefician de las relaciones profesionales, fiscales y comerciales con la colonia y que se sienten más cercanos a las tesis de Reino Unido que a las de su propio Gobierno, aunque sólo sea por puro interés coyuntural.

Décadas de presión 

El acuerdo alcanzado hace apenas unas horas por los Gobiernos español y británico plantea muchas dudas y ofrece pocas certezas. No son pocos los que creen, como explicamos hoy en EL ESPAÑOL, que el acuerdo alcanzado echa por tierra décadas de presión y de negociaciones llevadas a cabo por anteriores gobiernos.

Al fondo late la eterna discrepancia entre la estrategia negociadora socialista, la de que se cazan más moscas con miel que con zapatillazos, y la estrategia negociadora popular, que defiende la tesis de que sólo una presión inteligente, firme y constante logrará algún día vencer la resistencia británica.

España no es China y Gibraltar no es Hong Kong, pero el Gobierno español tiene cubiertas sus espaldas por la UE, y esa baza debería ser aprovechada con mayor maquiavelismo del que el Gobierno ha exhibido hasta ahora.  

Dudas sobre Frontex

A falta de conocer los detalles técnicos concretos del acuerdo que la ministra Laya se negó siquiera a avanzar de forma sumaria, urge saber qué quiere decir, por ejemplo, que España será la "responsable" de la aplicación de Schengen en Gibraltar.

¿Tendrá autoridad España sobre los agentes de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) que controlarán el puerto y el aeropuerto de Gibraltar?

¿Contará Frontex con la ayuda de agentes españoles?

Pero, sobre todo, ¿qué ha conseguido España a cambio del levantamiento de la Verja? Es muy probable que los más satisfechos con el acuerdo alcanzado hace apenas 24 horas sean, por razones obvias, los gibraltareños propietarios de segundas residencias en Sotogrande, la urbanización de lujo del municipio de San Roque. A nadie beneficia más que a ellos ese levantamiento. 

El acuerdo alcanzado evita un brexit duro y permite ganar seis meses de tiempo para que Londres y Bruselas continuen negociando la normalización de la anómala situación fiscal, laboral y aduanera de Gibraltar. En este sentido, el pacto parece cambiar algo para que todo continúe igual. Gibraltar seguirá siendo, como hasta ahora, un paraíso fiscal sui generis.

La sensación, una vez más, es la de una oportunidad perdida, precisamente cuando más débil era la posición del Reino Unido y mayor el apoyo de la UE a la posición española. Si no era ahora, después de seis meses de negociaciones en las que España llevaba las cartas ganadoras y Boris Johnson tenía asuntos más importantes en los que pensar que el estatus de Gibraltar, ¿cuándo?