Más de 35.000 inmigrantes han solicitado asilo en Madrid en los nueve primeros meses del año, una cifra que supera con creces los 20.700 que buscaron normalizar su situación en todo 2018. Al ser el aeropuerto de Barajas la principal vía de acceso de muchos de ellos, los servicios sociales de la capital de España se encuentran desbordados.

Aunque la regularización de estas personas es competencia del Gobierno, el Ayuntamiento trata de cubrir las necesidades básicas de estas personas a la espera de la documentación que les permita empezar de nuevo. El problema es que la demora de meses en la tramitación de la burocracia está generando casos dramáticos: tal y como hoy revela EL ESPAÑOL, se ha llegado al punto de que el SAMUR tenga que negociar con un hostal privado la estancia de una familia con menores.  

Contradicciones

Desde el Ministerio del Interior tratan de justificarse asegurando que es un problema heredado de anteriores gobiernos y que, por ejemplo, el programa informático con el que operan está anticuado. Estamos, sin embargo, ante una reacción que no se compadece con el argumentario de un Ejecutivo que presume de ser el más sensibilizado en estas cuestiones. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha actuado demasiadas veces a golpe de titulares y contradiciéndose. Pasó de anunciar la eliminación de las concertinas en Ceuta y Melilla a realizar devoluciones en caliente. Y de recibir con alharacas a los rescatados por el Aquarius a retener en el puerto al Open Arms... 

Limbo legal

La mayoría de los solicitantes de asilo en Madrid son venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. El drama personal que padecen tiene mucha menos repercusión mediática que el de otros inmigrantes, pero lo cierto es que, además, tienen que malvivir en un limbo legal que se eterniza.

Si el Gobierno de Sánchez quiere que España gane credibilidad como país solidario, social y de acogida, debe abandonar los eslóganes y actuar de inmediato. No puede seguir habiendo refugiados invisibles.