El juicio a Ana Julia Quezada está causando una profunda conmoción en la sociedad española. Conforme se van conociendo más detalles de cómo actuó la asesina confesa del pequeño Gabriel, más indignación produce la constatación de que, efectivamente, el mal existe y convive con nosotros.
Si la muerte de Gabriel generó una sana corriente de empatía con la familia, la monstruosidad con la que operó Ana Julia Quezada es una razón más para abogar por la figura de la prisión permanente revisable, la máxima pena a la que puede enfrentarse.
Debate
EL ESPAÑOL revela además este miércoles cómo un violador multirreincidente, condenado a 271 años de cárcel, disfrutará del tercer grado tras pasar 17 años en prisión. La medida va contra el criterio de los psicólogos de la prisión, que estipulan que la buena conducta, en el caso de los violadores, no tiene relación con la rehabilitación del preso. Esa circunstancia debería tenerse en cuenta a la hora de otorgar beneficios penitenciarios.
El debate entre juristas acerca de si la prisión permanente revisable es contraria o no a la reinserción debería haber sido resuelto hace tiempo por el Tribunal Constitucional, que lleva cuatro años sin pronunciarse. Hay que recordar que la izquierda parlamentaria y el PNV recurrieron esa reforma en el Código Penal introducida por el PP.
Defensa
Es cierto que convendría sacar este tipo de debates del fragor de la actualidad. Más aún cuando es materia propicia para que los políticos embarren el terreno. Pero no por ello podemos seguir soslayando el quid de la cuestión: cómo la ciudadanía se defiende de los crímenes más atroces.
En España se intenta reducir este debate a posicionamientos ideológicos y maniqueos, pero la realidad es que en países como Francia, Noruega, Reino Unido o Dinamarca rige dicha pena para salvaguardar a la sociedad de delincuentes que no son rehabilitables. Conviene no olvidarlo.