La inseguridad ciudadana lleva camino de convertirse en un mal enquistado. A la impunidad con la que los pequeños delincuentes actúan en los grandes núcleos urbanos se suma la justificación -cuando no el aliento- de determinados partidos políticos. Sin ir más lejos, las declaraciones de Ada Colau en las redes sociales -en las que acusaba a los medios y a la derecha de orquestar "una campaña de desprestigio" a propósito de la oleada de delincuencia que sufre Barcelona- son una prueba de que no hay peor ciego que quien no quiere ver. 

Ahí están las estadísticas: en los seis primeros meses del año, los detenidos por pequeños hurtos en el Metro de Barcelona ascienden a 524, mientras que se han interpuesto 2.486 denuncias por estos delitos, casi un 20% más que en el mismo período del año anterior. Pero es que hay más: los 70 carteristas que fueron identificados la pasada semana en la Ciudad Condal en una operación conjunta entre Policía Nacional y los Mossos suman 185 detenciones y 667 denuncias. Un récord muy triste que da la razón a quienes entienden que salir a la calle, en ciertas partes de España, puede constituir un ejercicio de riesgo.

Suavidad

Se trata de un problema -el de la impunidad de los carteristas- de difícil solución, entre otras cosas por cierta conllevancia de las autoridades o la posición del pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en este punto, que estimó en 2017 que la reforma que se introdujo en el Código Penal para castigar a los carteristas multirreincidentes debía aplicarse con "proporcionalidad". Ante esto, no es de extrañar que los rateros sean conscientes de lo poroso de la legislación y actúen con total libertad en las grandes capitales de nuestro país.

Frente a este panorama, es de celebrar la propuesta de Cs de anunciar una reforma legal para castigar a los ladrones reincidentes. Albert Rivera impulsará la iniciativa a través de cuatro niveles institucionales: desde Europa a los Ayuntamientos, pasando por el Congreso y las Autonomías.

Plaga

En esencia, la iniciativa de Albert Rivera se basa en la implantación y desarrollo de los llamados "juicios exprés", que implicaría de entrada que los ladrones que reincidan se enfrente a un juicio penal y no a una mera sanción administrativa como ocurre en la actualidad. Resulta incomprensible que sólo se castigue con penas de prisión las sustracciones por un valor superior a los 400 euros y en supuestos muy poco frecuentes. Se trataría de incluir reformas dentro del Código Penal y de la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es conveniente ponderar esta medida de Cs y hacerlo por un doble motivo: porque aborda eficazmente una plaga delictiva y porque puede poner fin a una imagen internacional de Barcelona, y de España, como un paraíso para la delincuencia de baja magnitud. A grandes males, los remedios deben ser tajantes.