La maniobra de Meritxell Batet por la que intenta trasladar al Tribunal Supremo la decisión de suspender a los diputados presos es una argucia que persigue dos fines. Por un lado, lavarse las manos para no aparecer como responsable de la medida. Por otro, ganar tiempo, de manera que la suspensión no se produzca, en cualquier caso, antes de las elecciones del domingo.

Sólo veinticuatro horas después del bochornoso espectáculo vivido en el Parlamento, el ardid de la presidenta del Congreso, supeditando su responsabilidad al tacticismo político, desgasta aún más la institución.

¿En Zarzuela?

A los independentistas les ha faltado tiempo para designar a Jordi Sànchez como encargado de acudir a la Zarzuela para participar en las consultas que el Rey iniciará la semana que viene a fin de proponer candidato a la investidura. Sería lo último: ver a Felipe VI recibiendo en su casa a alguien que está en prisión preventiva y a la espera de una sentencia por rebelión.

Aunque no es necesario ser diputado para participar en esa ronda de consultas, está claro que los separatistas están tomando la permisividad del Estado como un acicate para redoblar su órdago. Por eso era tan importante que desde el Parlamento se pusiera coto a tanto desmán.

Ambigüedad

La iniciativa de Batet de tratar de endosar al Supremo la suspensión de los diputados presos es un suma y sigue en el error de haber permitido que Oriol Junqueras y sus compinches adquiriesen la condición de parlamentarios proclamándose "presos políticos".

El Supremo ha sido claro ya al respecto: en este momento procesal, con los líderes del golpe separatista en mitad del juicio, son las Mesas del Congreso y del Senado las que deben suspenderles en sus funciones. Pero es que hasta la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba este martes que la suspensión "es obvia" en atención a al "artículo 21" del Reglamento de las Cortes. 

Al actuar como lo está haciendo, Batet vuelve a cultivar la ambigüedad frente al separatismo, y al hacerlo alimenta las sospechas que ya pesaban sobre ella, sancionada en su día por el PSOE por defender el derecho de autodeterminación de Cataluña. No es lo que más conviene a la tercera autoridad del Estado.