Pocas veces el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, ha asistido a un espectáculo tan lamentable como el de este martes. Era previsible que el separatismo hiciera del acatamiento de la Constitución por "imperativo legal" un circo, pero de ahí a todas las imágenes que dejó la jornada media un abismo consentido de forma flagrante por Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja.
Si algo ha quedado demostrado es que en el Parlamento ya no hay límite, que todo esperpento es posible. Es urgente, por tanto, que la Mesa del Congreso anule la fórmula de jurar el cargo empleada por los parlamentarios presos, que los partidos la recurran ante el Tribunal Constitucional y, en última instancia, que se cambie la norma para no volver a vivir esta infamia.
Víctimas
No es admisible que alguien como Oriol Junqueras, en prisión preventiva e investigado por el Tribunal Supremo por un delito de rebelión, se jacte de adquirir su condición de diputado como "preso político". Eso equivale a convertir el acto por el que se formaliza el acatamiento de la legalidad justo en lo opuesto: en una maniobra para su destrucción.
Los separatistas han conseguido lo que buscaban, no hay más que ver cómo lo festejaban. Hasta les vino bien el pataleo de Vox, porque aún podrán presentarse como víctimas: frente al empleo de la palabra, los pies de la extrema derecha.
Contradicción
Después del circo, Pedro Sánchez va a tener que asumir su primera contradicción: enfrentarse a sus socios y apoyarse en PP y Ciudadanos, a los que tanto ha denostado, para que la Mesa del Congreso suspenda de forma efectiva a los diputados presos.
Lo que se ha vivido en el comienzo de la legislatura es el primero de los líos que le esperan al Gobierno, pero sobre todo a la España constitucional, si Sánchez no vira hacia la centralidad y busca acuerdos de Estado con PP y Cs.