Este lunes, los cinco políticos catalanes en prisión preventiva que están siendo  juzgados por un presunto delito de rebelión por el Tribunal Supremo han recogido sus actas como parlamentarios. El independentismo se vale de los vericuetos de una legislación que nunca imaginó una situación así para mantener su pulso al Estado.

Es evidente que el espectáculo de unos presos recogiendo sus credenciales en las mismas Cortes que han tratado de violentar no es positivo, ni para la imagen de la democracia ni para el prestigio del Parlamento. Es el precio a pagar por la imprevisión -lógica- del legislador y por un sistema legal tan garantista que rompe por sí mismo el soniquete de que en España no hay una verdadera democracia.

Altavoz

En esta ocasión, como en tantas otras, el separatismo se vale de la ley en su propio beneficio. Porque este embrollo jurídico beneficia a los independentistas, que disponen de un altavoz en pleno juicio por el golpe, lo que supone un gol del Estado en propia puerta.

Este martes, toda España y el mundo entero van a ver cómo juran o prometen acatar la legalidad los mismos que están siendo juzgados por empeñarse en romperla, convirtiendo así la constitución de las Cortes en un acto propagandistico. Es verdad que nadie podrá decir que España es un "Estado opresor", pero entre opresor e idiota debería haber un término medio. 

La Justicia tiene que seguir abriéndose paso, de forma serena, en esta maraña de la que algunos pretenden sacar tajada. Hoy revela el EL ESPAÑOL cómo el Tribunal Supremo, en el auto en el que autorizó la presencia de los procesados en las Cortes y que remitió a las dos Cámaras, se cuidó de subrayar que una cosa es no cercenar el derecho a la participación política y otra bien distinta que quien está en prisión pueda ejercer como diputado o senador.

Supremo

Los magistrados tienen claro, por tanto, que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez deben ser suspendidos en el ejercicio de sus cargos, de acuerdo con los Reglamentos del Congreso y del Senado. Probablemente, la Mesa de las Cortes traslade una consulta a los letrados y esa decisión estará en sintonía con lo que marca el Supremo.

Ahora bien, visto cómo el independentismo se sirve de cualquier vacío legal para combatir al Estado, es imprescindible que la legislación se modifique para evitar que situaciones como la actual, que tanto desconciertan al ciudadano y tanta inestabilidad generan, no vuelvan a repetirse.