La llamada Operación Kitchen, creada para recuperar documentación de la presunta financiación irregular del PP que implicaba a altos cargos políticos, lleva camino de convertirse en el particular Watergate de Mariano Rajoy.

Hoy cuenta EL ESPAÑOL que el Ministerio del Interior, entonces a las órdenes de Jorge Fernández Díaz, pidió al conductor de Luis Bárcenas que se apoderara del teléfono que contenía los SMS de Rajoy, curiosamente en las mismas fechas en las que la mujer del extesorero trataba de recuperar los mensajes cruzados entre su marido y el propio Fernández Díaz. 

Fondos reservados

El paralelismo, pues, con el caso Watergate es evidente. Primero se cometió el delito -la financiación ilegal tanto del PP como del Partido Republicano, en concreto de la campaña de Nixon- y después se trató de encubrirlo y de destruir las pruebas incriminatorias. 

La mera existencia de una trama policial urdida para hacer un seguimiento a Bárcenas y hacerse con la documentación custodiada por el extesorero prueba que durante el Gobierno de Rajoy se amparó una conspiración pagada con fondos reservados. Ajena a cualquier mandato judicial y con "colaboradores" como José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño. 

Depurar responsabilidades

Es difícil de creer, además, que nadie en Interior supiera que al chófer de Bárcenas -hoy imputado por la Audiencia Nacional- se le habían encomendado tareas de espionaje y que estas tareas se pagaban con cargo a dinero público. Y aún más difícil de creer es que ni el ministro Fernández Díaz, ni su gran amigo, Mariano Rajoy, estuvieran al tanto de estas prácticas.

Si la moción de censura no hubiera desalojado a Rajoy y no hubiera dimitido como presidente del PP, es incuestionable que con todo este asunto, ahora mismo el exjefe del Ejecutivo estaría en una situación insostenible. Este Watergate de la era Rajoy debe examinarse hasta sus últimas consecuencias. Y que se depuren las responsabilidades que sean necesarias de todos los implicados. Más aún cuando se investiga a quien fue número 2 de Interior, Francisco Martínez Vázquez, en la actualidad diputado en el Congreso.