Este lunes se ha celebrado el encuentro entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Aparte de la significativa excepcionalidad de esta reunión con objeto de recabar el apoyo del PNV para la aprobación de los Presupuestos en el Congreso, la cita tiene preocupantes lecturas.

Por un lado, se pone de manifiesto que Podemos está dispuesto a negociar el nuevo Estatuto vasco si los nacionalistas aprueban las cuentas en Madrid. Esto, en resumen, supone que el principal socio de Gobierno de Pedro Sánchez vería con buenos ojos una fórmula confederal para España que, entre otras cosas, consolida los pilares de un "Estado Autónomo Vasco" -una de las denominaciones que recoge la propuesta de reforma de Guernica-.

Ninguna traba

Las bases del nuevo Estatuto que el pasado mes de julio fijaron PNV y Bildu contemplan no pocas medidas de difícil encaje constitucional. Pero está claro que para Iglesias, dispuesto a aceptar el inexistente "derecho a decidir de las regiones", esto no es ninguna traba. 

Por otra parte, que Podemos tenga la llave para aprobar las cuentas del Estado y también las vascas en el Parlamento de Vitoria, anuncia un posible cambio de cromos: los populistas estarían dispuestos a hacer concesiones en materia identitaria, a cambio de incluir en el nuevo Estatuto medidas sociales con las que contentar a su electorado. 

Burla constante

Los últimos pasos dados por Pablo Iglesias, convertido en vicepresidente de facto del Gobierno, son una muestra del disparate en que ha derivado la política española. Al dislate de negociar los Presupuestos en la cárcel con Junqueras y con Puigdemont por teléfono, se suma este apoyo a las aspiraciones nacionalistas del PNV.

Por si no tuviéramos suficiente, este lunes se ha anunciado para la semana que viene la creación de un Govern paralelo en la sede del Palau de la Generalitat, cuya misión será la de dar cobertura a los fugados del golpe separatista. A la vista de este panorama, cabe preguntarse hasta cuándo va a tolerar Sánchez esta burla constante al Estado de Derecho.