Este domingo se ha producido un nuevo salto masivo a la valla fronteriza de Melilla. 300 inmigrantes han participado en la avalancha, de los cuales 200 han logrado penetrar en la Ciudad Autónoma. Un subsahariano ha perdido la vida y seis agentes de la Guardia Civil han resultado heridos.
En lo que llevamos de 2018, han entrado en España por este mismo procedimiento 5.202 inmigrantes, 263 más que en el mismo período del año pasado. Los saltos, de una violencia inusitada, están cada vez más estructurados y organizados con una estrategia casi paramilitar, como bien recuerdan los agentes que custodian las vallas y que se quejan de la falta de medios humanos y materiales y de no poder hacer uso de material antidisturbios.
Solución europea
La forma en que Pedro Sánchez aborda la cuestión migratoria es errónea e inconcreta. La realidad le impone la necesidad de practicar las devoluciones en caliente frente a pasadas declaraciones de su gabinete, que incluso contemplaban la retirada de las concertinas. Precisamente, el salto ha tenido lugar un día después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reuniera en Madrid con su homólogo marroquí para abordar este asunto.
No es ocioso recordar que en esa "solución coordinada" y "europea" que ha exigido Pedro Sánchez en las redes sociales se enmarca la reunión mantenida este verano por el presidente y la canciller alemana Angela Merkel, cuando se decidió destinar una partida comunitaria de 130 millones de euros a Marruecos y a Túnez para reforzar la lucha contra las mafias que organizan estos saltos masivos del otro lado de la frontera española.
Disparate geopolítico
El propio Sánchez ya reconoce que la inmigración es un "reto". La gravedad del problema es tal que precisa de medidas urgentes que velen por la seguridad en la frontera más desigual del mundo en términos económicos. Es una temeridad confiar la seguridad de Ceuta y de Melilla sólo al arbitrio de las relaciones bilaterales con Marruecos o a medidas europeas que son claramente insuficientes.
Es más, que en el acuerdo presupuestario del Gobierno con Podemos se incluya un punto que aboga por eliminar las devoluciones en caliente es un disparate geopolítico e inasumible. La protección de nuestras fronteras y de los límites del Estado de Derecho no es de ninguna manera una cuestión ideológica.