Como era previsible a tenor de los incidentes acaecidos días atrás, la violencia ha sido protagonista en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Una violencia comandada por los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR, que han protagonizado acciones propias de guerrilla urbana.
Más allá de que este 1-O haya evidenciado las divisiones en el seno del independentismo, o que en algunos momentos los mismos radicales a los que Torra alimenta le hayan llamado "autonomista", lo más grave ha sido el modo en que el presidente de la Generalitat, la máxima autoridad del Estado en Cataluña, ha alentado al vandalismo.
A los pies de la oposición
Que Torra jalee la violencia llamado a "apretar" en las calles y que el Gobierno siga contemporizando tras esa incitación, deja a Sánchez en una situación crítica y a los pies de la oposición. Al presidente del Ejecutivo, por más que se empeñe, su operación diálogo con el nacionalismo se le ha quedado vacía de argumentos. Tratar de obviar esa realidad debilita las garantías constitucionales.
De ahí que resulten intranquilizadoras las palabras de José Luis Ábalos restando trascendencia a las proclamas de Quim Torra. Según el ministro de Fomento, lo dicho por el presidente catalán no son más que "declaraciones inflamadas", sin ninguna consecuencia jurídica.
Aferrarse a la Moncloa
Este 1-O se ha constatado que, aunque fracturado, el mundo nacionalista no piensa renunciar a la violencia sistemática. La actitud dontancredista del Ejecutivo, que tanto recuerda a la que mantuvieron Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría con los líderes del movimiento separatista, es un error que sólo se explica -ahora se ve con más claridad que nunca- por el afán de Sánchez de aferrarse a la Moncloa.
El peaje que el Gobierno le paga al independentismo sobrepasa todos los límites tolerables. Ha sido el nacionalismo el que ha volado los puentes y ha desnudado a Sánchez, incapaz ya de garantizar la libertad, la seguridad y los derechos de los ciudadanos en Cataluña.