Este viernes hemos conocido la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de oponerse a investigar a Pablo Casado por su máster. El modo certero en que el informe de la Fiscalía desmonta el auto por el que la jueza elevaba el caso a ese tribunal demuestra la absurda obcecación de ésta y, todo hay que decirlo, con la munición suministrada por los medios.
La realidad es que hemos asistido al intento de una magistrada de imputar a un alumno (Casado) por prevaricación administrativa -que en todo caso habría que achacar a la Universidad por trato de favor- después de haber constatado que el supuesto delito de cohecho ya habría prescrito.
Cadáver político
Si entrara en vigor la reforma de los aforamientos en los términos que propone Pedro Sánchez, Casado estaría hoy imputado y sería ya un cadáver político por "una mera sospecha o conjetura", como razona el informe del fiscal.
Sea como fuere, lo sucedido con el líder del PP debe hacernos reflexionar seriamente sobre el modo con el que poner fin al aforamiento de los políticos, porque su retirada no puede equivaler a dar pie a que se generalice la cacería partidista en los tribunales.
Consenso
Si se pretende avanzar en la supresión de los aforamientos, se hace necesario un pacto entre los principales partidos, de forma que para exigir responsabilidades políticas haya que esperar al auto de procesamiento o una imputación judicial formal, siempre que ello sea ratificado por segunda instancia judicial que confirme que la supuesta conducta delictiva merece ir a juicio.
Por ello, si hay que sacar una lección de este episodio es la de que acabar con los aforamientos requiere de consenso, de sosiego y de una actitud responsable. De lo contrario comprobaremos lo barato que sale sembrar España de cadáveres políticos.