Más allá de la celebración independentista del 20-S y de la multitudinaria conmemoración de una fecha infame -cuando el procés se tornó violento y acorraló a una comitiva judicial en la Consejería de Economía de la Generalitat-, hay que subrayar la actitud de Quim Torra y su creciente pulso a la Justicia.
El presidente de la Generalitat, que con esa estrategia intenta presionar al Gobierno hasta el imposible, deja al descubierto el error de Sánchez de tender la mano al nacionalismo, la llamada línea blanda.
Contra los jueces
Sólo desde el envalentonamiento se explica que el presidente catalán se permita exigir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tras haber trascendido unas irrelevantes comunicaciones privadas entre jueces opinando sobre el proceso separatista. Como bien han argumentado las asociaciones de magistrados, son apenas 30 correos dentro de un colectivo que agrupa a más de 5.500 jueces.
Es sorprendente, por otra parte, que el presidente catalán apoye públicamente a quienes encabezaron actos de vandalismo y que, al mismo tiempo, se queje de la lógica respuesta de la Justicia. Como tampoco puede pasar desapercibido que, tal y como hoy informamos, Interior tenga que esconder en cuarteles del Ejército, para garantizar su seguridad, a los agentes de la Policía Nacional que han ido como refuerzo a Cataluña.
Desafío constante
Los manifiestos y las declaraciones de este 20-S han demostrado que, lejos de una actitud que tiende a moderarse, el independentismo proclama desafiante que "lo volvería a hacer". Las palabras del presidente del Parlament, Roger Torrent, apelando al "empoderamiento ciudadano", evidencian que todas las instituciones controladas por el nacionalismo están coordinadas y dispuestas a mantener la agitación callejera y la coacción constante al Estado. La duda es saber cuánto tiempo más va a esperar el Gobierno para decir basta.