Cada día que pasa se agrava el conflicto de la 'ocupación' de las calles con propaganda independentista. Ya no es sólo que las instituciones catalanas la exhiban en los inmuebles públicos, es que se ha encargado a los Mossos la tarea de multar a quienes retiren símbolos separatistas frente a toda lógica constitucional.
El asunto reviste gravedad por cuanto el nacionalismo patrimonializa el espacio común y ataca, así, a la mitad de los catalanes. Pero más grave resulta que la fiscal general del Estado, María José Segarra, se ponga de perfil en un asunto que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos en Cataluña.
Lazos amarillos
De hecho, la propia fiscal general ha asegurado este lunes que serán las "autoridades gubernativas catalanas" las que tomarán las decisiones "más oportunas" en este asunto, si bien no aprecia "delito alguno" en quitar o poner lazos amarillos. Esto, además de una obviedad -puesto que en todo caso sería una falta administrativa-, refleja un equívoco sentido de la equidistancia.
Se da la circunstancia y la paradoja de que el pasado mayo el teniente fiscal jefe de Cataluña, Pedro Ariche, instó a los Mossos a la retirada de los símbolos independentistas para evitar "situaciones de confrontación en la calle"; y que, tres meses después, la policía autonómica tiene la consigna de sancionar a quienes despejan las calles de la propaganda del nacionalismo. Algo que, además, podría significar un delito de prevaricación al tratarse de un castigo claramente injusto.
Reacción ciudadana
En todo caso, es oportuna la medida adoptada por Cs. Como cuenta hoy EL ESPAÑOL, el partido de Albert Rivera pondrá a sus cargos a "limpiar Cataluña de propaganda nacionalista". Se desafía así a Torra y a la instrumentalización de su policía autonómica para cuidar de sus símbolos.
Es intolerable que el nacionalismo, a través de la conselleria de Interior, disponga de los medios para sancionar a aquellos catalanes que quieren las calles libres de simbología independentista. Lazos y cruces atacan al corazón del orden constitucional y su retirada más bien supone una reacción ciudadana ante el "uso partidista y político" de la vía pública, tal y como argumentan algunos juristas.