El tráfico en las grandes ciudades de España ha quedado colapsado este lunes por miles de taxistas que han llevado sus protestas a la calle. La respuesta del Gobierno ha sido hacerles promesas que no está en disposición de cumplir: unas, por su debilidad parlamentaria; otras, por las directivas de liberalización del transporte de pasajeros que impone Bruselas.
La reunión mantenida entre las principales asociaciones del taxi y Fomento ha sido un fracaso. El Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes una declaración formal de apoyo al gremio, con el compromiso de aprobar medidas concretas ya en septiembre. El resultado: la huelga se mantiene.
Una bala calibre 22
Los taxistas se han dado cuenta de que Pedro Sánchez sólo busca ganar tiempo y pretenden aprovechar la debilidad del Ejecutivo para obtener satisfacción a sus demandas. Mientras, el malestar y la tensión aumentan en las calles.
Hoy publicamos la historia de Armand Baquero, un conductor de Cabify de Barcelona cuyo vehículo recibió una bala del calibre 22 a dos palmos de su cabeza. Es un ejemplo de la creciente violencia en la que deriva por momentos el conflicto.
Rescate al ciudadano
Este martes, Fomento se verá con la patronal de VTC (Unauto) en la víspera de la gran conferencia sectorial que reunirá a todos los implicados bajo la presidencia del ministro Ábalos. Los representantes de los vehículos de alquiler con conductor ya preparan acciones legales contra las posibles medidas de la Administración. Ahora mismo cualquier entendimiento se antoja imposible.
En los días que llevamos de conflicto algo ha quedado claro: el error del Gobierno de intentar comprar la paz del taxi a costa incluso de permitir que sus desmanes alteren la vida de la mayoría de los ciudadanos. Sánchez debería de ser consciente de que es al ciudadano y no a un colectivo profesional al que debería rescatar en este momento.