La decisión de Rajoy de dejar una y otra vez una puerta abierta al independentismo catalán con la esperanza de que pudiera utilizarla para reconsiderar su actitud se ha saldado con sonoros portazos. Al presidente del Gobierno le convenía personalmente esa estrategia para ganar tiempo, pendiente como aún está del apoyo de los nacionalistas vascos a sus Presupuestos.
Sin embargo, el último paso de Quim Torra, intentando nombrar como miembros de su Govern a políticos encarcelados y huidos de la Justicia, es una bellaquería que no deja otra salida a Rajoy que responder. Tal y como hoy publicamos, el 52% de los españoles considera que los separatistas están ganando el pulso el Estado y un porcentaje un poco mayor, el 55%, entiende que el Ejecutivo no bloqueó la investidura de Torra para seguir manteniendo el apoyo del PNV.
Errores e impotencia
Los continuos errores y la impotencia del Gobierno en la crisis catalana han multiplicado las opciones de Ciudadanos como alternativa. En tales circunstancias, Rajoy no podía admitir la última burla de los separatistas.
En realidad, pese a que sus comentarios racistas lo inhabilitan como mínimo moralmente, Torra es un presidente que ha sido nombrado siguiendo las leyes y no hay ningún precepto legal que le impida elegir a los consejeros que quiera. Evidentemente, es un disparate y una burla que haya optado por personas que no pueden ejercer y posiblemente siquiera tomar posesión de su cargo.
Bloqueo político
El Gobierno hace lo políticamente correcto al negarse a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat esos nombramientos y obligar a Torra a que recurra la decisión ante el Constitucional. Pero eso, salvo que Torra ceda -y conocida su radicalidad es ciertamente improbable- conduce inevitablemente a un bloqueo político.
Para salir de este atolladero será necesario aplicar un nuevo 155 que suponga la destitución de Quim Torra y que permita el control real de las instituciones catalanas, incluida TV3, tal y como viene reclamando Albert Rivera. A dirigentes como Torra no se les puede confiar ni las finanzas, ni los Mossos, ni el control de los medios de comunicación públicos.