La todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho pública un a carta dirigida al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos López, para intentar salir airosa del laberinto en el que ella sola se ha metido con las medias verdades sobre su famoso máster.
En ella culpa de todas las irregularidades y falsificaciones detectadas en la obtención de su posgrado a la propia universidad, pide disculpas a quien se pueda sentir agraviado por el trato de favor que recibió, y comunica su “decisión de renunciar” a la utilización de esta titulación.
Ni tesina ni examen
Las disculpas de la presidenta llegan tarde y mal, pues debieron de producirse en el primer minuto y no como consecuencia de un escándalo que ella misma ha contribuido a agravar faltando a la verdad sobre la existencia de una tesina que no aparece por ningún lado y sobre su presencia en un hipotético examen presencial ante un tribunal que ni siquiera se constituyó.
Cifuentes tampoco puede “renunciar” -como ha dicho- a un posgrado oficial avalado por el Ministerio de Educación, pues no existe tal posibilidad. Su decisión se produce además después de que la propia Universidad y la Fiscalía hayan abierto sendas investigaciones que, por lo que refiere a la institución académica, podrían llevar aparejada la retirada del máster de marras. Es decir, Cifuentes se arroga la capacidad de prescindir de su posgrado antes de que la Universidad se lo quite.
Salida "inevitable"
En una comparecencia pública de este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid justificó su voluntad de permanecer en el cargo alegando que no ha sido imputada ni ha delinquido, y eludiendo todas las preguntas sobre sus supuestos TFM y examen presencial. No es extraño que ni siquiera convenza a su partido, que considera su salida “inevitable” después de la gestión que ha hecho de todo este asunto.
Cristina Cifuentes no debe apartarse por haberse beneficiado de la obtención irregular un máster -aunque sí debió disculparse por ello hace un mes y no ahora- sino por haber mentido a los ciudadanos en sede parlamentaria y por no haber guardado las pautas mínimas de conducta que cabía esperar de una persona con su responsabilidad.