La declaración este lunes de Francisco Granados en la Audiencia Nacional ante el juez que instruye el caso Púnica ha resultado mucho más escabrosa que relevante para resolver el fondo de la cuestión: aclarar si el PP utilizó la adjudicación de obra pública en la Comunidad de Madrid a cambio de comisiones para financiar las campañas autonómicas de 2007 y 2011, tal y como sostienen algunos investigados.
El ex vicepresidente autonómico -principal imputado en esta causa- había señalado por carta en varias ocasiones a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y al también imputado y expresidente Ignacio González como máximos responsables políticos de esa supuesta trama. Pero nunca aportó pruebas que sostuvieran sus acusaciones.
Tirar de la manta
Tras la confesión del arrepentido Ricardo Costa, que en el juicio del caso Gürtel ha detallado cómo el PP de Camps se financió irregularmente con el dinero de empresarios beneficiados con contratos amañados, se había extendido que también Granados se había animado a tirar de la manta.
Pues bien, este lunes ha asegurado al juez que la expresidenta de la Comunidad de Madrid se benefició de "campañas de refuerzo" pagadas de forma fraudulenta a través de empresas públicas, como el Canal Isabel II. También ha señalado como "controladores" del supuesto operativo a su enemigo íntimo Ignacio González y a Cristina Cifuentes. Pero en lugar de aportar datos, cifras y fechas ha intentado apuntalar sus acusaciones aludiendo a un supuesto idilio entre ambos.
Sólidos indicios
La declaración de Granados puede resultar verosímil en lo que atañe a los indicios que apuntan a que Esperanza Aguirre, que estaba obsesionada con sacar mejores resultados que Gallardón, pudo haber recurrido al dinero de la corrupción para sufragar mítines. De hecho, así lo declaró también el extesorero de la organización madrileña Beltrán Gutiérrez.
Pero toda su declaración cae por su peso al pretender dar verosimilitud al relato apoyándose en una hipotética "relación sentimental secreta". Ni un burdo rumor sirve de prueba en un juicio, ni el juego sucio de aludir a la vida privada debe dar pábulo a mantener o airear acusaciones de carácter político. Cifuentes hace bien en querellarse contra Granados y la oposición cometerá un grave error si aprovecha el barro lanzado por un presunto delincuente para atacar a la presidenta de Madrid basándose en un razonamiento que rezuma machismo.