La escalada de tensión entre la Generalitat y el Estado a cuenta del pulso separatista se concentra ahora de lleno en los Mossos d’Esquadra. La sola posibilidad de que los mandos de la Policía Autonómica catalana cedan a la presión del Govern y acaben aupándose al carro de la ruptura ha provocado un movimiento de la Fiscalía insólito pero necesario y proporcionado. Hay que tener en cuenta la gravedad del desafío y las repetidas veces que Carles Puigdemont y el conseller de Interior, Joaquim Forn, han dado por hecho que los Mossos velarán por la celebración del 1-O pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.
El fiscal superior de Cataluña ha citado este martes al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los máximos responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en esta Comunidad para ordenarles actuar “de manera inmediata” ante cualquier acto de “preparación y celebración” del referéndum. Está previsto además que los fiscales jefes de las cuatro provincias catalanas hagan lo propio con los mandos de los tres cuerpos de seguridad en sus respectivos territorios. Aunque lo protocolario era trasladar las instrucciones a los tres cuerpos de seguridad, resulta evidente que el principal destinatario del requerimiento del Ministerio Público era Trapero.
Policía judicial
Las directrices son tan contundentes y las pautas de actuación ordenadas tan pormenorizadas que es obvio que la Fiscalía no quiere dejar margen a las interpretaciones. Además, al acompañar sus instrucciones con las resoluciones del Constitucional contra el 1-O y recordar a los cuerpos de seguridad su condición de policía judicial, el Ministerio Público no sólo reivindica la legalidad sino que se adelanta a cualquier treta de la Generalitat.
Los agentes tienen orden de actuar “de manera inmediata” ante todo acto de “preparación y celebración” del referéndum y están obligados a identificar el hecho delictivo, impedir su consumación, identificar a sus autores, “requisar las urnas, las papeletas y la propaganda electoral” y remitir urgentemente un atestado a la Fiscalía para ponerse a sus disposición y practicar cuantas diligencias les requieran.
Investigar al 'Govern'
Con estas instrucciones la Fiscalía dinamita la posibilidad de que la Generalitat esgrima un conflicto de legitimidades para presionar a los Mossos y, en la práctica, obliga a estos a investigar a sus mandos políticos: si alguien sabe dónde están las urnas y dónde están las papeletas son los miembros del Govern.
Los Mossos dependen orgánicamente de la Generalitat, pero funcionalmente están obligados a cumplir las órdenes de la Fiscalía. De ellos depende seguir siendo un cuerpo policial constitucional o convertirse en una fuerza golpista