El espaldarazo político y social que ha recibido la madre víctima de violencia de género que ha huido con sus dos hijos -de 3 y 11 años- para no entregárselos a su padre maltratador resulta extraordinario en sí mismo y por sus implicaciones.
Juana Rivas se trajo a los pequeños de Italia en 2016, sin acuerdo previo ni sentencia sobre la custodia de los menores, tras varios años de una relación con episodios de malos tratos físicos y verbales constatados. De hecho, el padre fue condenado en 2009 por las lesiones que infligió a su mujer, a la que propinó una paliza por llegar a casa de madrugada.
Paradero desconocido
Aquella fuga acabó en los tribunales, que ahora han resuelto que los pequeños deben volver a su lugar de residencia habitual. La madre debía entregar a los pequeños en un punto de encuentro familiar el miércoles. Desde entonces, se halla en paradero desconocido.
Juana Rivas ha incumplido flagrantemente una resolución judicial, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, su desobediencia ha merecido, además de auténticas manifestaciones de apoyo, ofrecimientos de ayuda y muestras de solidaridad de Mariano Rajoy; de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; y de la líder de Podemos en esta región, Teresa Rodríguez, entre otros destacados políticos.
El presidente del Gobierno ha dicho este viernes que “hay que ponerse en el lugar de la madre”. Susana Díaz le ofreció asistencia jurídica de la Junta a través de Twitter a las pocas horas de confirmarse su rebelión ante la Justicia. Y Teresa Rodríguez también le expresó su “apoyo” y su “corazón” en esta red social. Es más, el padre ha denunciado la huida pero la juez ni siquiera ha decretado todavía una orden de detención.
Padres y agresores
El cierre de filas ha sido total y responde a la particularidad de su caso, que pone sobre la mesa uno de los principales consensos del Pacto de Estado contra la violencia de género: impedir -lógicamente- que los hijos de las víctimas sean obligados a convivir con el agresor.
También pone en evidencia la mala conciencia de una sociedad incapaz de poner fin a la lacra de las muertes de mujeres a manos de sus parejas: 35 en lo que va de año. Con este récord de asesinatos, no es extraño que carezca de fuerza moral para recriminar a una mujer desesperada que no quiera entregar sus hijos a los brazos de su agresor. Ni aunque lo digan los jueces.