La crisis que atraviesa el soberanismo se ha escenificado este lunes del peor modo posible para Carles Puigdemont: con el desmarque de uno de sus consejeros y su posterior destitución a petición de la CUP y ERC. Las tensiones del bloque independentista han acabado así estallando en el seno del Govern y se han llevado ya por delante nada menos que a un hombre de la máxima confianza de Artur Mas. La posición del president era muy comprometida. Este cese responde a una decisión disciplinaria, pero no deja de estar condicionada por la presión de sus socios de aventura.
El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, había advertido en una entrevista de que el Estado no permitirá en ningún caso el referéndum anunciado para el 1 de octubre. En ella también tildaba de “irresponsable” sacar las urnas a la calle sin tener en cuenta las consecuencias de desobedecer y emplazaba a “buscar vías alternativas” en lugar de seguir huyendo hacia delante. Además, aseguraba que no teme ir a prisión, sino por su patrimonio, una reflexión fundamentada en que el Código Penal establece multas que pueden llegar a ser millonarias para cargos y funcionarios públicos que malversen con el fin de celebrar una consulta ilegal como la planteada.
Preocupación creciente
La posición de este consejero representa una opinión extendida también entre muchos independentistas y refleja una preocupación creciente entre los funcionarios de la Generalitat. Además enmienda la hoja de ruta de Puigdemont, ERC y la CUP apenas unas horas antes de la presentación de la ley del referéndum.
Esta ley y la de transitoriedad conforman el marco normativo diseñado por Puigdemont y su equipo para cortar amarras con España impunemente. Por lo que ha trascendido de la ley del referéndum -sus detalles se conocerán este martes-, el Govern apela a resoluciones de Naciones Unidas y del Tribunal de la Haya para invocar el derecho de autodeterminación e intentar así legitimar la secesión.
Asamblea constituyente
De la ley de transitoriedad sólo ha trascendido que prevé convertir el Parlament en una suerte de asamblea constituyente cuya única función sería aprobar las leyes propuestas por un foro social copado por separatistas. Ambas leyes no ofrecen ningún tipo de seguridad jurídica, sólo pueden generar más dudas que certidumbres y resultan un andamiaje legal demasiado débil como para aguantar un pulso como el que se pretende.
Su contenido refuerza en definitiva las dudas expresadas por Jordi Baiget. La destitución de este consejero estaba cantada en el momento en que desautorizó a Puigdemont. Sin embargo, su cese no acalla el malestar creciente entre cargos y simpatizantes del PDeCAT. El presidente catalán ha dado muestras de que está más dispuesto a ser firme para contentar a sus socios y seguir adelante con su plan, que a ser convincente con los propios.