La celebración en Madrid del Día Mundial del Orgullo, más allá de las carrozas, el confeti y la fiesta ha servido para que se visualice a un colectivo históricamente marginado decidido a exigir sus derechos. Y ese movimiento reivindicativo se ha encontrado con una sociedad madura democráticamente que ha vivido con absoluta normalidad el acontecimiento y que está dispuesta a atender sus reclamaciones.
No es una anécdota que los grandes partidos con representación parlamentaria se dieran la mano para sujetar la pancarta que encabezaba la gran manifestación del sábado con el lema "Por los derechos LGTBI en todo el mundo". El grito más coreado fue "igualdad, igualdad".
Cambio del PP
El éxito del Orgullo ha empujado al PP a replantearse su voto en la próxima ley contra la discriminación por razón sexual, cuyo proyecto, presentado en mayo por Podemos, se discutirá en el Parlamento después del verano. Tal y como hoy informamos, los populares se han comprometido a que el texto aprobado en las Cortes sea "lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español".
El proyecto es muy ambicioso y recoge medidas para evitar la discriminación y facilitar la vida a las personas LGTBI en asuntos que van desde la escuela -educación en la tolerancia- a la sanidad -cobertura a sus necesidades en función de la cartera de servicios que se acuerde- pasando por la burocracia -cambio de nombre en el Registro Civil-.
Apartados discutibles
Es un texto que deberá ser enmendado y mejorado porque incluye cuestiones harto discutibles e incluso de dudosa constitucionalidad. Plantea, por ejemplo, que la Administración pueda secuestrar publicaciones y suspender actividades o servicios si entiende que vulneran el derecho a la igualdad de las personas LGTBI, cuando la Constitución establece que una medida así requiere de resolución judicial.
También propone una inversión de la carga de la prueba en casos de supuesta discriminación; es decir, prescribe que cuando exista una demanda por marginación en razón de la orientación sexual, deberá ser la parte demandada la que tenga que probar su inocencia. Como decía Manolo Valdés este domingo en nuestro periódico, el colectivo gay, como el feminista, son hoy "colectivos poderosos y presionan, porque sienten que algo les falta, pero tampoco pueden pasar por encima de los demás".
Normativa nacional
Otras cuestiones polémicas en la ley son la creación de una "Agencia Estatal contra la discriminación" y un "Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI", que suponen generar más gasto y burocracia.
Pero en general el texto legislativo recoge cuestiones que son de sentido común y, cuando sea aprobado, permitirá a la sociedad española avanzar en tolerancia, como ya ocurrió con el matrimonio homosexual. Hay que tener en cuenta, además, que media docena de comunidades autónomas ya han aprobado una ley de igualdad LGTBI (Madrid, Cataluña, Baleares, Navarra...) y otras tantas preparan la suya, por lo que se hace necesario aprobar una normativa nacional que dé coherencia al conjunto.