La decisión de la Audiencia Provincial de Baleares de dejar libre a Iñaki Urdangarin sin imponerle siquiera la fianza que solicitaba la Fiscalía es, cuando menos, polémica. Y es así porque supone el colofón a toda una serie de resoluciones favorables a los intereses del marido de la infanta y de la propia Cristina de Borbón.
Podrá argumentarse que ambos han sido sentados en el banquillo, que Urdangarin ha visto cómo lo condenaban y que, con toda probabilidad, entrará en prisión cuando el Tribunal Supremo resuelva los recursos y dicte la sentencia definitiva. Pero los ciudadanos de a pie tienen razones para manifestar su escepticismo en relación a este caso.
La vara más benévola
Una y otra vez, el tribunal ha medido con la vara más benévola a la pareja. La infanta fue absuelta y a su esposo se le ha rebajado la pena que solicitaba el Ministerio Público a menos de un tercio: de 19 años de cárcel a sólo seis. Ahora se le deja en libertad sin fianza, pese a que el fiscal pedía una cantidad -simbólica para la posición del exduque- de 200.000 euros, y se le permite seguir residiendo en Suiza.
Este mismo jueves, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, ha sido condenado a la misma pena de cárcel que Urdangarin por el caso de las tarjetas black, pese a que se apropió indebidamente de 400.000 euros, que devolvió antes de comenzar el juicio. Aun cuando no caben analogías en Derecho Penal, Urdangarin obtuvo más de seis millones de euros de distintas administraciones. Y mientras un tribunal considera que no hubo dolo en la infanta, a los directivos de Caja Madrid otro tribunal les atribuye la voluntad de cometer delito.
Motivos para indignarse
El argumento de la Audiencia de Palma para no imponer a Urdangarin medidas cautelares es que no se decretó ninguna durante toda la instrucción y, por lo tanto, hacerlo ahora sería desproporcionado. A la postre, el yerno de Juan Carlos I ha acabado beneficiándose del trato generoso que ha recibido desde un principio por parte de la Justicia y de la Administración, y ahí está el papel que han jugado la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado.
Muchos imputados o encarcelados sin sentencia firme en otros casos de corrupción, desde Bárcenas a Correa, pasando por Granados o El Bigotes tienen hoy motivos para sentirse tratados con distinto rasero. Pero lo peor es que, a la vista de lo ocurrido con Urdangarin, entre millones de ciudadanos queda la sensación de que la Justicia no es igual para todos.