La pretensión del Gobierno de subir los impuestos a la hostelería y el sector turístico ha chocado con la oposición frontal de Ciudadanos en las negociaciones preliminares al debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A expensas de conocer la letra pequeña de esta medida sobre un sector que supone el 11% del PIB y el 12% del empleo, así como su duración e impacto en las cuentas públicas, Albert Rivera es congruente con su discurso al rechazar que la política recaudatoria se centre en el IVA, que carga sobre el conjunto de la ciudadanía sin distinción de su nivel de renta.

Ciudadanos no puede tratar de imponer su programa fiscal, que prevé que el Estado aumente la recaudación mediante la reforma del Impuesto de Sociedades, la lucha contra el fraude y un aumento de la presión fiscal a quienes repatriaron su dinero acogiéndose a la amnistía fiscal de Montoro y sólo pagaron un 3% del dinero regularizado. Pero el Ejecutivo tampoco puede pretender que Rivera trague sin más con una medida que no forma parte de su pacto pra investir a Rajoy.

Nuevo ajuste

Desde que la Comisión Europea emplazó a España a acometer ajustes para reducir en 5.500 millones el déficit público, todo el mundo da por sentado que Rajoy volverá a incumplir su compromiso de bajar los impuestos. Este viernes ha sido el propio presidente quien, ante la canciller alemana, Angela Merkel, no ha descartado volver a aumentar la presión fiscal.

El Gobierno debe poner sus cartas boca arriba cuanto antes. No hay razón alguna para demorar un debate de Presupuestos que será muy complicado. España debe cumplir sí o sí el Pacto de Estabilidad y reducir su déficit al 3,1% del PIB en 2017, y la fiscalidad será un instrumento fundamental para ello.

Reducir el gasto

Gravar un poco más a sectores, servicios y productos que se benefician del IVA reducido del 10% no puede merecer una valoración negativa sin conocer el resto de medidas presupuestarias. Puede que sea incluso necesario subir impuestos para reducir el déficit, pero aumentar la fiscalidad debería ser el último recurso en un país con administraciones y organismos superpuestos y en el que siguen sin eliminarse muchos gastos superfluos.

La falta de concreción de las medidas que se apuntan y sin afrontar de una vez la negociación del Presupuesto no es el mejor modo granjearse la confianza de socios necesarios. Y más aún cuando hay motivos para sospechar que Rajoy retrasa adrede el debate de las cuentas públicas para cargar sobre los otros partidos la responsabilidad de sacarlas adelante so pena de culparles de obstaculizar la gobernabilidad.