Hace unos meses leí una información que describía a la ministra Yolanda Díaz como proveniente de una familia de izquierdas "de toda la vida". Es común también escuchar al vicepresidente Iglesias presumir de su estirpe: padre "frapero", abuelo represaliado... El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (ALMD) retrata de nuevo a una izquierda que, en su deambular identitario, no sólo ha abandonado el discurso de clase, sino que ha comenzado a abonar el discurso del linaje; de ahí su inquietud por controlar el pasado para legitimarse en el presente.

Algunos políticos ignoran que los españoles no descendemos de un bando, sino de la Guerra misma. Somos una sociedad ideológicamente mestiza, y la acción legislativa del Gobierno en materia de memoria atenta contra ese mestizaje, presumiendo que existen dos linajes incompatibles, y que sólo uno de ellos goza de legitimidad moral. Por eso, debemos tomarnos el ALMD con prudencia, pues el texto rezuma un peligroso aroma a ajuste de cuentas, a limpieza ideológica.

No es un proyecto de justicia transicional, sino de ingeniería social que se instala en una corriente global de uniformización del pensamiento, que siempre comienza por resignificar el pasado. Como ejemplo, lean sobre el "Proyecto 1619" que desarrolla el New York Times: un intento similar de reenmarcar la narrativa histórica de un país al calor de las fuerzas sociales que imperan en la actualidad. No se trata tanto de entender el pasado como de consolidar un catecismo en el presente. Y en España, como ha señalado David Jiménez Torres, la guerra civil es nuestra principal guerra cultural.

Según el discurso oficial, la guerra civil se reduce a un enfrentamiento entre castas ideológicas que perviven en esencia hasta nuestros días, organizadas en distintos partidos, herederos naturales de los conflictos de entonces. El ALMD inicia así una suerte de eugenesia política, donde las estructuras de Estado se ponen al servicio de engendrar sujetos de un único linaje. Tan pronto como hemos asumido que la biología no es destino, hemos hecho de la ideología biología. En la derecha del presente, ya saben, vive el ADN del franquismo, y por eso es legítimo pactar con quien sea menester para alejarla del poder.

El Proyecto de Ley alcanza su cumbre de cinismo al denunciar un pacto de silencio -que nunca existió- cuando su objetivo es precisamente acallar la polifonía, cerrar un debate abierto. Una memoria compartida sólo es posible si se comparte el pensamiento. Y es precisamente el pensamiento único, el recuerdo colectivo y canónico, lo que se procura apuntalar.

Negarse al establecimiento de una única memoria no es negar la legitimidad de la II República, ni aceptar que en la Guerra, y sobre todo en la dictadura, hubo víctimas y victimarios. No es colocar en el mismo peldaño moral a Azaña y Millán-Astray. No es negar a ningún conciudadano el derecho de dar digna sepultura a los cuerpos que yacen olvidados en cunetas y fosas comunes. Pero una sociedad adulta necesita comprender que aceptar la complejidad del pasado no es avalarlo; que miente quien omite los matices, los dilemas morales, la inconmensurable realidad de lo humano.

Una sociedad adulta debe cuidarse de quienes se erigen portavoces de memorias colectivas y, sobre todo, de quienes muestran más interés en transformar un país que en gestionarlo, porque cuando no hay consenso, la transformación nacional sólo puede ser por sometimiento. Anden con cuidado: la anti-España ha cambiado de bando.