Repasemos. En ocho días, a la dictadura de Nicolás Maduro le ha dado tiempo a: 

1. Intentar apoderarse del oro guardado en el Banco Central de Venezuela. La operación fue abortada días después de que el régimen vendiera tres toneladas (de un total de veinte) a una firma de inversión de los Emiratos Árabes Unidos. 

2. Ampliar el radio de acción de los escuadrones de la muerte socialistas, el FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana), desde los barrios de clase alta de Caracas, el escenario más habitual de sus crímenes, hasta los barrios populares de la ciudad

3. Asesinar a por lo menos treinta y cinco opositores.

4. Detener a ochocientos cincuenta ciudadanos venezolanos y recluir a una buena parte de ellos en El Helicoide y La Tumba, los dos centros de tortura que el régimen mantiene en Caracas.

5. Grabar un clip promocional de más de una hora de duración junto a Jordi Évole

Ese es el balance conocido de los ocho días de plazo que la UE concedió a Nicolás Maduro para que este convocara elecciones presidenciales. Dicho de otra manera. Para la UE, el saqueo de la poca riqueza que todavía queda en el país y el asesinato, el secuestro y la tortura de cientos de venezolanos era un precio aceptable a pagar para no aparecer en la foto junto a Donald Trump. Aunque en esa foto también estuvieran Canadá y la mayoría de los países sudamericanos. 

Las razones para reconocer o no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela eran las mismas el 26 de enero que el 4 de febrero. La posibilidad de que Maduro aceptara su derrota mansamente y sin presentar batalla tendían a cero. La de que Rusia y Cuba, los principales apoyos del régimen, aprovecharan ese plazo para fortalecer la posición de Nicolás Maduro tendían al infinito.

La postura de la UE ni siquiera tiene lógica política o jurídica. Si Maduro tiene la legitimidad presidencial para convocar elecciones, ¿por qué debería obedecer las órdenes de la UE o aceptar que esta traspase esa legitimidad, en un plazo aleatorio de ocho días, a un Juan Guaidó que se la habría atribuido de forma ilegítima de acuerdo al razonamiento de los propios Gobiernos de la UE? 

El plazo de cortesía concedido por la UE al régimen de Nicolás Maduro es similar al que la legislación española concede a quien okupa ilegalmente una propiedad ajena. Plazo que podía llegar a ser incluso de dos años antes de esa última reforma legal que lo redujo a "sólo" tres meses. Formalmente, ese plazo pretende evitar el desamparo legal de quienes okupan una vivienda que no les pertenece.

Al fondo a la derecha late sin embargo el verdadero motivo. Es decir, la protección que el socialismo, la Plataforma Antidesahucios de los Sátrapas Bananeros e ideología común de las derechas y las izquierdas europeas, concede a sus delincuentes hasta que no queda ya más remedio que echarlos a cañonazos, jurídicos o literales, de allí donde se han atrincherado.

Los venezolanos recuperarán algún día la soberanía de su país de la misma forma que los propietarios españoles acaban recuperando, más tarde que pronto, sus viviendas. Es decir después de cumplido el plazo que el socialismo se concede a sí mismo para que su superioridad moral te llegue hasta la campanilla. Otra cosa es el estado en el que quede el país tras el paso por él de las fuerzas de la revolución. Hasta en capacidad destructiva se asemejan Nicolás Maduro y sus valedores de la UE a un okupa.