Cuando, hace unas semanas, se hizo balance del primer año de la victoria de Donald Trump, muchos parecieron expresar un cierto alivio. Trump no había hecho ni la mitad de lo que decía que iba a hacer; su corrosividad se había mantenido en el plano del discurso, sin hacer verdadera mella en las instituciones. Si bien, al final de estos doce meses, teníamos una ristra inagotable de declaraciones –a menudo en forma de tuits– que oscilaban entre lo sonrojante y lo lamentable, estas no habían cobrado forma jurídica. Su nacionalismo racista se había quedado en demagogia de campaña. Palabras dichas por políticos. Ruido intrascendente.

El problema es que las palabras importan, sobre todo si quien las utiliza goza de un acceso preferente a los medios. A partir de una determinada relevancia, el político tiene el privilegio de que sus palabras sean transmitidas a la opinión pública y analizadas por una nutrida tropa de comentaristas. Pocas personas tienen tanto poder para influir en el devenir del debate público como los altos cargos de los partidos; una influencia que no se cifra solamente en los adeptos que puedan ganar para su causa, o en el vocabulario y la lógica a los que dan carta de naturaleza, sino también en el influjo que ejercen sobre la calidad de nuestras discusiones. Un debate sobre ideas pobres está abocado a ser, en sí mismo, un debate que empobrecerá a quienes participen en él. Hagan la prueba la próxima vez que se vean inmersos en un quién-es-mejor-Messi-o-Cristiano.

Por todo esto resulta tan deprimente constatar que hemos pasado los últimos días comentando la comparación que hizo la número dos del PSOE, Adriana Lastra, entre el líder de Ciudadanos y el fundador de Falange Española. Si bien la respuesta en los medios a esta comparación (que luego intentó corregir con una asociación de nombres tan ridícula como la primera) ha sido sólidamente crítica, uno tiene la impresión de que seguimos tratando estos episodios con una cierta naturalidad, como si diéramos por inevitable que un político –sobre todo si se encuentra en campaña– haga declaraciones absurdas, demagógicas y empobrecedoras del debate público. Lo criticaremos durante unos días, y a otra cosa.

Pero los demás también salimos perdiendo en estos episodios. Porque somos nosotros quienes nos hemos vuelto a enfangar en un debate trasnochado y absurdo. Que a estas alturas pasemos días enteros debatiendo la adecuación del término “fascista” al líder de un partido de centro liberal en la Europa del siglo XXI no señala solamente un fracaso del PSOE a la hora de elegir a sus dirigentes. También es un fracaso –pequeño, intangible, pero fracaso al fin y al cabo– de una sociedad que ha dedicado tiempo y masa gris a debates reduccionistas y banales.

La respuesta habitual, cuando uno señala estas cosas, es que no hay nada que hacer, que de los políticos no se puede esperar otra cosa; todos sus incentivos los empujan a arañar votos sea como sea. Pero si en los últimos años hemos aceptado que se exija ejemplaridad a nuestros dirigentes en su vida privada, no hay razón por la que no se pueda extender esa exigencia al nivel del discurso. Es decir: ver al político como alguien a quien también se le paga por no decir tonterías.

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