No todo el mundo tiene que conocer la ley, ni estar de acuerdo con esta o aquella norma concreta, pero todo el mundo tiene que cumplirla, de grado o por fuerza. Es una regla muy fácil de entender y más aún de explicar en un país como España, que cuenta con la legitimidad que le confiere el carácter democrático de su Estado de Derecho. El desacuerdo con las leyes cuenta con vehículos para llegar a la modificación o abolición de normas: desde el ejercicio de la libertad de expresión y la formación de opinión pública hasta la consecución de las mayorías suficientes en las cámaras legislativas.
Puede que los últimos de la clase necesiten que se les explique otra vez. Y otra. Pero a la cuarta todos lo habrán entendido, incluidos aquellos que siguen exigiendo explicaciones. Quienes niegan, por ejemplo, carácter democrático al sistema político español, saben que mienten. Lo saben quienes proclaman que nunca se saldrán de la ley al violar la Constitución porque actuarán bajo la cobertura de leyes de un parlamento autonómico. Conscientes son de su engaño cuantos califican de corsé a la Constitución sin postular a continuación su reforma sino su ruptura. Se sabe un trolero de primera el que invoca soberanías distintas a la que reside en el pueblo español en vez de promover una reforma constitucional que trate de alcanzar sus fines políticos sin salirse del ordenamiento jurídico democrático.
Hablo, por supuesto, de los que conociendo el abecé del Derecho simulan no entenderlo, no de los engañados por estos, no de los ignorantes de la ley, que siguen sujetos a ella hasta la última coma con toda la legitimidad del mundo, dado, repito, el carácter democrático de nuestro Estado de Derecho.
En la mendacidad habitan y se mueven los representantes políticos que, en las Cortes, prometen avances hacia un proceso constituyente en vez de hacerlo hacia una reforma constitucional. Y en la misma esfera de la patraña flotan los que acaban de presentar en Barcelona su “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”.
Solo estarían siendo sinceros si, al hacer lo que hacen, añadieran que su gesta no es democrática pues su eventual éxito pasa necesariamente por quebrar una democracia. Solo si reconocieran que se trata de un golpe contra la Constitución de una de las democracias más avanzadas del mundo. Solo si proclamaran a las claras que piensan imponer por la fuerza de los hechos consumados una soberanía alternativa a la del pueblo español.