La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional debe resolver favorablemente la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa para que Mariano Rajoy testifique en el juicio de la época primera del caso Gürtel. De lo contrario, la sospecha de que el presidente ha recibido un trato de favor ensombrecerá una causa en la que sí declararán como testigos -a petición de Luis Bárcenas- Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato.
Cuando el extesorero pidió las testificales de la plana mayor del PP se cuidó mucho de solicitar también la del Rajoy. Sin embargo, la aceptación de su pretensión por parte del tribunal debería decantar ahora la solicitud de la acusación popular, que considera crucial -lógicamente- tomar testimonio al presidente.
No existe ninguna razón objetiva para citar a los principales responsables del PP y de sus campañas electorales durante la etapa investigada y dejar al margen del proceso a quien más cargos ha desempeñado en este partido. Si Cascos, Arenas y Acebes testificarán por haber sido secretarios generales, Oreja porque fue vicesecretario y Rato porque -además de haber ejercido ese puesto- sabía cómo se organizaban las campañas, el tribunal no tiene más remedio que llamar a declarar a Rajoy por haber ostentado exactamente todas estas responsabilidades en distintos momentos del periodo investigado.
La credibilidad de este juicio se mide en cierto modo en la decisión que el tribunal, que está dividido en este asunto, termine adoptando. En dos ocasiones anteriores, los magistrados encargados de juzgar el caso Gürtel han rechazado llamar a declarar a Rajoy al considerar que la solicitud de la acusación popular no estaba bien fundamentada y que había que diferenciar entre quienes se encargaban del área política del PP y quienes eran responsables de las cuentas del partido.
Sin embargo, por coherencia, por el mismo criterio que les ha llevado a citar al resto de testigos del PP, los jueces tienen que sacar de su urna de cristal a Rajoy. Está acreditado que entre 1999 y 2005 el entramado de sociedades dirigido por Francisco Correa aprovechó sus contactos en el PP para obtener contratos públicos a dedo a cambio de financiar irregularmente al partido del Gobierno. Rajoy dirigió tres de las campañas electorales investigadas y tiene que ayudar a esclarecer cómo se corrompió su partido.
Felipe González también tuvo que declarar en el caso Marey pese a quienes se oponían -igual que ahora sucede en el caso de Rajoy- a que el presidente del Gobierno fuera estigmatizado en un juicio sobre los crímenes de los GAL: sin embargo, era imposible renunciar a que testificara. En lo que respecta a Rajoy, y aunque se trata de casos muy distintos, no hay motivo alguno para concluir que tiene la piel más fina que González. Sobre todo después de que Luis Bárcenas declarase que él estaba al tanto de todo.