El Gobierno valenciano ha decidido poner punto final al modelo de gestión público- privada de la Sanidad y no prorrogará el año que viene el contrato con la compañía que lo explota desde hace 14 años: Ribera Salud. Este sistema mixto de gestión lo introdujo Zaplana en la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta en la Generalitat y funciona en otras comunidades y en otros países porque permite ahorrar costes y mejora en muchos casos la atención. El problema no es por tanto el modelo en sí, sino el uso que pueda hacerse de él cuando cae en manos de personas sin escrúpulos.
No es casualidad que la decisión del actual Gobierno valenciano se produzca cuatro meses después de que EL ESPAÑOL destapase todo un entramado de cobro de comisiones millonarias por parte de la empresa concesionaria, lo que llevó a la Consejería de Sanidad que dirige Carmen Montón a tomar nota. La Administración valenciana achaca ahora a Ribera Salud pensar más en “ intereses estratégicos empresariales” que en el servicio a los ciudadanos.
La investigación de este periódico permitió desvelar que la compañía desviaba grandes beneficios a espaldas de la Generalitat. Ribera Salud asegura que todo es lícito, pero el asunto está en los tribunales y serán los jueces quienes tengan la última palabra.
Aun pudienco coincidir con los actuales responsables políticos valencianos en que la externalización de servicios públicos tan sensibles como la Sanidad debe hacerse con cautela y garantías, ese argumento no debería servir de excusa para demonizar las concesiones sanitarias, educativas o de atención a la Tercera Edad. Al fin y al cabo, si se demuestra que Ribera Salud engañó a la Generalitat, ello fue posible por la propia incompetencia de la Administración a la hora de controlar a aquella. El periodismo llegó donde no pudieron los auditores públicos.