Tentación populista de Rajoy contra las empresas

Con la convocatoria de concentraciones en toda España el próximo día 15 de diciembre y de una "gran manifestación" en Madrid el domingo 18, CCOO y UGT quieren calentar la mesa del diálogo social. Los responsables de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, pretenden "engrasar" la voluntad negociadora del Gobierno, pero no parece que las viejas recetas y estrategias del sindicalismo de clase tengan sentido hoy en día.

Movilizar para presionar es más propio del siglo pasado que de una legislatura en la que partidos y agentes sociales deben arrimar el hombro para garantizar la reforma de las pensiones. Los sindicatos no salen a la calle de forma masiva desde la huelga general de 2012 en respuesta a la reforma laboral y a la agenda de recortes y subidas de impuestos.

Si entonces la protesta apenas tuvo éxito, no parece que ahora -que los indicadores económicos son mejores- tomar la calle sea útil para sacar adelante el Pacto de Toledo. Toxo y Ávarez agravarán la crisis de credibilidad de sus sindicatos si se convierten en arietes del populismo en lugar de trabajar para mejorar el empleo y asegurar las pensiones. Del mismo modo, el Gobierno cometerá un error si asume reformas perjudiciales para intentar satisfacer en vano a Podemos.

'Destopar' las cotizaciones

El partido de Pablo Iglesias ya ha dicho que "acompañará" a los sindicatos pese a que Rajoy ha ido ya más lejos de lo razonable para atraer a Iglesias a la mesa de negociaciones. El presidente ha aceptado negociar la eliminación del tope de cotización a las pensiones (3.642 euros) y contempla aumentar el Salario Mínimo Interprofesional y una revisión al alza del Impuesto de Sociedades con reducción de deducciones.

Destopar las cotizaciones de los salarios de más de 47.000 euros carece de sentido y supondría un coste de más de 7.000 millones de euros para las empresas, que son las que soportan el grueso de las aportaciones por trabajador a la Seguridad Social. La progresividad fiscal es razonable en el IRPF, pero hacer que quienes ya contribuyen solidariamente a la caja de las pensiones tengan que pagar más es tanto como desincentivar las subidas salariales y endosar a las compañías un carga insoportable.

Injusto castigo

Además, no se entendería que el aumento de la cotización no trajese a su vez una mejora de las pensiones. No es de extrañar que la patronal se oponga a una medida cuya aplicación afectaría negativamente a la competitividad y las contrataciones. Las empresas han tenido que adelantar el pago del impuesto de sociedades en 9.000 millones y ahora afrontan la reducción de deducciones y la eliminación del tope de las cotizaciones. Rajoy debe rectificar, y Ciudadanos y PSOE tienen que impedir que se castigue a las empresas cuando lo más importante es afianzar la creación de empleo.