Basta reparar en la agenda del presidente en funciones, Mariano Rajoy, para afirmar que todos los partidos, empezando por el del Gobierno, trabajan ya pensando en que los españoles volveremos a votar el próximo 26 de junio. Si la campaña del 20-D resultó anómala, pues los mítines se celebraron con las fiestas de Navidad casi encima, la eventualidad de que las elecciones coincidan con el campeonato de la Eurocopa no es un factor menos extraordinario a tener en cuenta. La Selección disputará encuentros con la República Checa el 13 de junio, con Turquía el 17, con Croacia el 21 y, si se clasifica, se jugará el pase a cuartos de final -siempre en caso de que se repitan los comicios- el día de reflexión. Es muy difícil que los partidos políticos puedan generar más atención ciudadana y mediática que la Eurocopa, pero otra campaña podría costar a las arcas públicas cerca de 192 millones de euros. La coincidencia con el campeonato, que podría beneficiar al deportista Rajoy y a los partidos percibidos como más españolistas, es una razón añadida para exigir una campaña lo menos onerosa posible: total, para acabar viendo el fútbol.

Coincidiendo con el 85º aniversario de la II República, los denominados ayuntamientos del cambio compiten desde este jueves en la celebración de actos de pasión republicana. Los más fervorosos en la conmemoración son la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los equipos de gobierno municipales que -también en Cataluña- declararon persona non grata a Felipe VI. Estos consistorios están orgullosos de sus "mociones espectáculo", lo que supone tanto como admitir que sus convicciones republicanas están supeditadas al objetivo de primario de llamar la atención. Buena muestra de este afán por el numerito la ha dado el primer edil de Cádiz. José María González Kichi ha izado una bandera tricolor en uno de los mástiles del consistorio gaditano, el PP local lo ha denunciado y una juez le ha ordenado arriarla: inmediatamente ha presumido de su hazaña en Twitter. La decisión de la juez de Cádiz puede ser discutible, pero no cabe duda de que todas estas iniciativas de exaltación antimonárquica sólo buscan generar una polémica absurda.

La imagen de España sale mal parada en el último informe anual sobre el estado de la cuestión del mundo elaborado por el Departamento de Estado que dirige John Kerry. EEUU alerta sobre un "aumento del discurso del odio antisemita" en nuestro país y apoya su conclusión en los infaustos chistes sobre el Holocausto del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata y en el intento de veto al cantante estadounidense judío Matisyahu en el festival Rototom. Luego completa su esbozo sobre España con alusiones a la corrupción, la violencia de género o las protestas contra la ley mordaza. El trazo grueso con el que Washington ha hecho este informe queda patente en el momento en que el mismo gobierno que ha organizado el infierno de Guantánamo se inquieta por la libertad de expresión en nuestro país. Pero que el esbozo resulte grueso no debe servir de pretexto para obviar cuál es la imagen que hemos proyectado entre nuestros aliados por culpa del inadmisible sentido del humor de Zapata -que se disculpó- y de los activistas de izquierdas sensibilizados con la causa palestina. España no es antisemita ni hay un problema de racismo comparable siquiera al que existe en Francia, Alemania, Austria o Reino Unido. Pero más vale mantener la guardia alta y que haya tolerancia cero frente a estas lacras a caer en la tentación de justificar bromas y actitudes execrables.